El saco roto en el que no reparó la Autoridad Fiscal

Aunque algunas de sus recomendaciones son más que cuestionables –la extensión de las subastas andaluzas a toda España, por ejemplo, causaría más daño que beneficio al sistema, según numerosos expertos–, el informe que ha elaborado la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (AiREF) sobre el gasto público en medicamentos presenta una virtud considerable: la de remover conciencias y recordar a los poderes públicos que es posible mejorar la eficiencia en el sector. Las bolsas de despilfarro en las que no incide la AiREF, por volcarse únicamente en el gasto farmacéutico, son múltiples, y bien merecerían un «spending review» diferenciado.La primera es, sin duda, la prevalencia del Estatuto Marco, una norma que impide cualquier racionalización en el principal capítulo de gasto sanitario en España, el referente al personal, lo que influye precisamente en el gasto en medicamentos. A menos ajustes en el primero de estos capítulos, mayores serán los que se apliquen al segundo. De dicha norma y de la gestión prehistórica por la que deben regirse los grandes centros sanitarios derivan además el resto de ineficiencias por las que se dilapida el dinero público, dando lugar a un déficit crónico del que nadie habla, pero que es tan cuantioso como el de las pensiones. Pruebas duplicadas, infrautilización de servicios, saturación de otros, «fugas» de productos sanitarios y medicinas... Queda mucho por hacer.