La Justicia española está obsoleta

No soy yo quien lo dice, Dios me libre, es nada menos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en su Memoria Anual correspondiente a 2016 que presentará en breve.

Lorenzo del Río, que fue elegido para el cargo en 2011, estuvo anteriormente como presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz algo más de diez años, es, sin lugar a dudas, una persona que conoce muy bien esa organización a la que califica de obsoleta.

Del Río es partidario de un cambio radical organizativo, y aboga por establecer “oficinas comunes en penal, civil y ejecutoria”, “un trabajo más colegiado”, “lo demás es perpetuar un déficit organizativo” para terminar añadiendo: “Al final estas oficinas comunes son las que van a solucionar y dar mejor justicia, porque no podemos siempre pensar en esa solución implementarista de que faltan más jueces y más funcionarios”

En muchas ocasiones, jueces, funcionarios y políticos han reconocido públicamente estos y otros defectos congénitos de la justicia española, entre ellos y como más destacado, la exasperante lentitud en todas las etapas del proceso, desde la instrucción del sumario, las investigaciones y toma de declaraciones a las partes y testigos, y las distintas vistas orales, según los recursos a los que se tenga derecho.

José María Michavila, secretario de Estado de Justicia del Gobierno del PP, y Juan Fernando López Aguilar, secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico de la ejecutiva federal del PSOE negociaron por única y excepcional vez en nuestra democracia, un Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, nada menos que hace 17 años, en mayo de 2001, pero tampoco sirvió para nada, a pesar de haber superado fuertes discrepancias iniciales, como el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que ningún partido quería renunciar.

De la desorganización y falta de coordinación da muestra el hecho, real, de que un juez ponga en libertad a un detenido cuando la misma persona estaba siendo reclamada por otros juzgados ubicados en el mismo edificio. De la lentitud con la que funciona podemos poner algún ejemplo igualmente real y vivido por quien esto firma. Un documento puede tardar, en el mejor de los casos y forzando la situación, seis meses de pasar de un despacho al de al lado, o el informe solicitado a un fiscal tardar años en producirse.

Siempre cuento un caso que leí y que ocurrió en una zona rural de Cataluña. Unos propietarios de fincas agrícolas fueron expropiados para hacer unas instalaciones de una empresa de electricidad. Alguna irregularidad se había cometido porque los propietarios expropiados ganaron finalmente el pleito, dieciocho años más tarde, cuando la mitad de ellos había fallecido

Organización obsoleta, funcionamiento lento, descoordinación entre juzgados y organismos de justicia, sistema informático anticuado e ineficaz, falta de funcionarios y jueces y una politización a la que ningún partido quiere renunciar no pueden llamar a lo que hacen justicia, será otra cosa, pero ¿justicia?