Fondos para servicios básicos

La actual legislatura abre una ventana de posibilidades para el entendimiento territorial en España. La Conferencia de Presidentes fue el pistoletazo de salida para poder revertir el modelo de financiación autonómica que José Luis Rodríguez Zapatero instauró sin consenso y con los efectos consabidos de mayor asimetría y desigualdades para los ciudadanos en función de cual sea su región de origen.

La Comunidad Valenciana está en la parte baja de la tabla autonómica respecto a la percepción de fondos estatales y, sin duda, muy por debajo de la media nacional en un periodo dilatado de tiempo. Esto ha llevado a que el Gobierno autonómico sufra tensiones en su tesorería –lo que ya pasó cuando gobernaba el PP– la diferencia es que ahora Ximo Puig trata de desviar toda la atención hacia el Gobierno que preside Mariano Rajoy como el único capaz de solventar la papeleta.

Llegados a este punto el PP de la Comunidad Valenciana ha adoptado una postura justa con los valencianos. Hemos ratificado en varias ocasiones, en las Cortes Valencianas y en otros foros, que hacemos frente común con el actual Ejecutivo autonómico para lograr una financiación justa que permita mantener la calidad asistencial de los servicios públicos sin que ello suponga incurrir en un déficit galopante.

Este acuerdo, que denota responsabilidad del PP con nuestros conciudadanos, no lo logramos de Ximo Puig y Mónica Oltra cuando gobernábamos en la región y el sistema de financiación era el mismo que el actual. Ni siquiera la comisión de expertos que designamos en el Parlamento autonómico para analizar el modelo, que evidenció que el déficit no era por exceso de gasto sino por carencia de fondos, convenció a PSPV y Compromís para que actuaran con coherencia. Puig traicionó a los valencianos, ya que el modelo que penaliza a la Comunidad Valenciana lo aprobó su partido y jamás se rebeló contra él mientras estaba en la oposición.

Vamos a negociar para que mejore la llegada de aportaciones estatales pero no permitiremos que un aumento en la financiación sirva para resolver problemáticas ajenas a las principales demandas de los valencianos. La sanidad, la educación y las prestaciones sociales son las prioridades y a ello dedicaremos el esfuerzo para que haya un consenso. Puig y Oltra, por contra, se han centrado en montar chiringuitos y enchufar a amigos y compañeros de partido en diferentes agencias y empresas públicas.

En eso no contarán con el PP y tampoco si pretenden utilizar este conflicto como arma política para tapar sus propias limitaciones en materia de gestión que son casi infinitas. El mapa de casos de nepotismo abarca a las tres provincias de la Comunidad Valenciana y beneficia a los tres partidos que suscriben pactos de gobierno a nivel autonómico y en numerosos ayuntamientos.

El PP en la Comunidad Valenciana llevará una enmienda al Congreso Nacional del partido en la que pedimos al Gobierno que la revisión del modelo de financiación garantice el principio de igualdad en el acceso de todos los españoles a los mismos servicios. Cada región tiene su propia particularidad poblacional (de dispersión, desplazados...) y estructura económica, por lo que esos factores deben formar parte de la mesa de negociación y siempre partiendo de una equidad en el trato a los ciudadanos.

Las dudas al respecto de la posición que Puig va a defender en el foro donde debe alumbrarse un nuevo modelo de financiación son lógicas, ya que se ha mostrado más cercano a aquellos que ni siquiera han acudido a la Conferencia de Presidentes como el presidente catalán, Carles Puigdemont, que a quienes defendemos la solidaridad territorial.

La ausencia de Cataluña y País Vasco en esa Conferencia no es muy alentadora pero tampoco debe suponer, en el caso del Gobierno autonómico catalán, una medida de presión eficaz para conseguir privilegios a posteriori en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estaremos vigilantes.

Y mantenemos una oposición frontal a la petición del presidente autonómico valenciano de implementar una “armonización fiscal” en España al alza. En la Comunidad Valenciana tanto Puig como Oltra llevan un año y medio de estudios para elaborar una reforma fiscal y la única que se ha llevado a cabo la ha marcado Podemos castigando a los valencianos con una subida impositiva de 840 millones de euros que agrava la delicada situación económica de las familias.

Somos leales con los valencianos pero no vamos a permitir que el actual Ejecutivo autonómico, que dispone de 2.000 millones de euros más que en 2015, sea torpe o malintencionado gestionándolos, puesto que nos ha colocado a la cola en pagos y ejecución presupuestaria. Es hora de mejorar el modelo de financiación y que la Comunidad Valenciana esté en el furgón delantero acorde a su población y a su peso económico. El punto de partida debe ser la igualdad y no la voracidad en la contratación pública de amiguetes que adorna la gestión actual de los partidos de izquierda.