La legislatura perdida

Los proyectos políticos que nacen con vocación de servicio ciudadano deben tener la oportunidad de desarrollarse durante una legislatura completa. El objetivo es poder demostrar que el “contrato” que suscriben con los votantes se cumple de forma mayoritaria y, especialmente, en aquellos puntos clave en los que se ha basado el programa electoral.

El tiempo actual donde las mayorías son inestables complica el resultado de esta ecuación en la que cuatro años podrían ser suficientes para que los españoles, vivan en el territorio que vivan, estudien la fiabilidad de sus dirigentes o, por contra, interioricen la decepción que les provoca su actuación.

Ejemplos como el de Cataluña resultan extremos. La parálisis e irresponsabilidad de quienes tienen la oportunidad de formar gobierno obliga a los catalanes a vivir en un paréntesis que el Gobierno de España ha tenido que solucionar a través del artículo 155 de la Constitución para que todos los servicios públicos sigan funcionando con normalidad.

Otros territorios sufren también la inacción de sus ejecutivos como es el caso de la Comunidad Valenciana. El presidente valenciano, Ximo Puig, anda enfrascado en el análisis sobre la conveniencia o no de abordar un adelanto electoral autonómico. Las razones podrían ser diversas pero la realidad es solo una: la imposibilidad de desarrollar el programa electoral con el que se presentaron ante la ciudadanía.

Los socialistas valencianos intentaron, sin éxito, obtener la mayoría de apoyos de los valencianos. Cosecharon, de hecho, el peor resultado de la serie democrática lo que les obligó a buscar aliados para acceder al poder. Compromís y Podemos cercenaron cualquier atisbo de centralidad y exigieron, para apoyar a Puig, imponer sus políticas escoradas a la extrema izquierda y el nacionalismo galopante.

Ya en manos de Mónica Oltra y del apoyo parlamentario de Podemos, la legislatura ha ido transcurriendo entre la decepción, el sectarismo y las ocurrencias. El PPCV ha denunciado reiteradamente la parálisis de la Generalitat cuya única acción de gobierno se ha encaminado a legislar para acelerar el adoctrinamiento en las aulas y atacar los modelos de colaboración público-privada con la educación y la sanidad como objetivos.

Las demandas de los ciudadanos respecto a la mejora del mercado laboral, la reducción de las listas de espera sanitarias o la apuesta por políticas sociales han sido arrinconadas. Así que es normal que dentro del Ejecutivo autonómico empiece a cundir la idea de que la legislatura está amortizada. ¿Cómo es posible? Todavía queda un año de por delante y se podría hacer mucho trabajo en favor de los valencianos, pero los cálculos son otros y todos tienen ya el tamiz electoralista.

A los miembros del PP, sea cual sea la decisión de Puig, nada les va a pillar por sorpresa. El trabajo de oposición seria y responsable seguirá y en el momento que se decida poner fin al actual mandato estaremos preparados para configurar un programa que ofrezca respuestas a las prioridades ciudadanas.

El estancamiento de la política efectiva en la Comunidad Valenciana es total por parte de sus dirigentes autonómicos. Ximo Puig ha deslizado lo del adelanto electoral pensando en su relación con Pedro Sánchez o Susana Díaz más que en los valencianos. Mónica Oltra mira de reojo ante esta posibilidad, atenta a su gran objetivo que no es otro que alcanzar la Presidencia de la Generalitat a costa de pactos lesivos para los intereses ciudadanos.

Podemos se enfrasca ahora en el sondeo de posibilidades de alianzas preelectorales con Izquierda Unida... ¿Quién piensa en los valencianos? Ninguno de los integrantes del pacto que sustenta al Gobierno autonómico. Este año que queda de legislatura, se agote o no, está viciado por las quinielas electorales de estos tres partidos que se han alejado de la vocación de servicio a sus vecinos.

Necesitamos convicciones, personas resueltas a consolidar la salida de la crisis económica que ha facilitado la política del PP con Mariano Rajoy a la cabeza. Gobernar con la calculadora electoral, en una mano, y con el sometimiento a lo que te exigen tus socios, en la otra, es un desastre para la Comunidad Valenciana que no merecen sus residentes.

El adelanto electoral o la meditación sobre su conveniencia debería asomar cuando se presentan situaciones irresolubles y temo que el tripartito haya llegado a la conclusión de que son incapaces de avanzar gobernando juntos. Abren así un periodo de prórroga dentro de la legislatura en clave, únicamente, de cómo mantenerse en el poder sumando sus fuerzas frente al PP.

Convendremos que se trata de un colapso de esta alianza tripartita que tardó un año en centrar sus objetivos, otro en aplicar la vía de la demonización de lo privado y de implantación del pensamiento único, y otro –el actual– en el que surgen los recelos. Por eso, el cuarto, se cumpla o no, está abocado a la irrelevancia en la adopción de medidas útiles. Un ocaso prematuro que para los ciudadanos que ven como se han perdido cuatro años de impulso desde la Administración autonómica, sin embargo, llega tarde.