¿Un nuevo estatuto para Cataluña?

Hace unos días, la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, anunciaba que el presidente Pedro Sánchez ofrecerá un nuevo Estatuto de Autonomía a Cataluña, cuando el 12 de diciembre sustancie su comparecencia monográfica sobre el “conflicto catalán” a petición de ERC y PDECat que la Junta de Portavoces aprobó para esa fecha. En el fondo, es lo de siempre: un partido nacional ofrece a un partido nacionalista que aspira a la independencia una modificación legal que con toda seguridad avanzará en la desigualdad territorial que padecemos a cambio de que no rompa el marco constitucional y Cataluña siga dentro de España, solo que con más competencias. De ese modo, Cataluña avanzará de facto hacia la independencia, y es que lo que habitualmente se denomina como negociación política con los nacionalistas no es sino una constante cesión del Estado a los intereses de quienes quieren romper España. Con el País Vasco ocurre lo mismo: se cede un poco, bastante o mucho... pero siempre se cede. Y se cede para supuestamente contentar a los nacionalistas, como si no fueran insaciables y como si fueran a abandonar sus objetivos de obtención de privilegios económicos o sociales o la propia independencia, real o de facto.

Tardá, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, le contestó rápidamente: “Tan legítima es la propuesta de Sánchez de un nuevo Estatut como la independencia”. Desde su punto de vista, para llegar al referéndum que él considera inevitable “es imprescindible dialogar”. Y los catalanes, añade, “tendrán que decidir si optan por una autonomía mejor o por la independencia: si gana la autonomía, los independentistas deberemos seguir picando piedra, pero si gana la independencia, los autonomistas tendrán que asumir la democracia”.

Que dos partidos políticos dialoguen es, no solo sano, sino imprescindible en una democracia. Y los nacionalistas lo hacen para lograr sus objetivos políticos, lo cual, por otro lado, se comprende. Es legítimo que lo intenten. El problema es que los partidos nacionales siempre dialoguen para ceder un poco, mucho o casi todo a los independentistas... en lugar de defender el bien común y el interés general de los ciudadanos españoles. El problema es que asuman como propio parte del ideario nacionalista, perjudicando de ese modo a la mayoría. Si los nacionalistas catalanes o quien sea quieren un nuevo estatuto para su comunidad autónoma, pueden hacerlo: basta con que respeten la Constitución y sigan los procedimientos legales establecidos, que incluye su aprobación en el Parlamento regional pero también en el Congreso de los Diputados.

Y el PSOE, si fuera un partido nacional preocupado por la igualdad, no solo no estaría dispuesto a seguir cediendo ante los nacionalistas sino que impulsaría las reformas legales y constitucionales que fueran necesarias para lograr más igualdad y más bienestar para todos: por ejemplo, que Educación sea competencia del Estado, la reforma de la ley electoral para que el voto de cada ciudadano valga igual independientemente de la parte de España desde la que se emita o la supresión de los privilegios forales que disfrutan vascos y navarros a costa del resto. Por poner tres ejemplos. Porque, ¿cómo se entiende que el PSOE ofrezca un nuevo estatuto para Cataluña si no es para contentar a los independentistas?

Esta es la esquizofrenia de la política española. Los partidos nacionales han venido ofreciendo ventajas políticas o privilegios económicos a los nacionalistas, como si así fueran a contentarlos. Y a la vista está: cuanto más se les da, más quieren, y además no abandonan sus objetivos últimos. En España el problema fundamental no son los nacionalistas sino quienes, sin supuestamente serlo, se comportan como si lo fueran, perjudicando de ese modo a la mayoría de los ciudadanos españoles. Que los nacionalistas traten de alcanzar sus objetivos (a través de los procedimientos legales, claro) me parece inevitable. Lo que me parece dramático es que quienes no lo son no sean capaces de defender el bien común y el interés general de la mayoría de los ciudadanos, quienes, para más inri, son además sus votantes. Aunque cada vez les voten menos (y precisamente por eso).