Cuando la ideología imposibilita cualquier pacto educativo

Se lamentaba García Morente del alejamiento cada día mayor en las regiones de lo imposible del ideal educativo del pasado siglo, que quería extender a todos el beneficio de una cultura integral, entendida en sentido alemán como Kultur, como servicio a las cosas últimas. Y lo peor no es que por irrealizable se prescinda de tal empeño, sino la deformación monstruosa del conocimiento castrado por la ideología cuando se impone la tendencia simplificadora en detrimento doloroso de la intelección completa. ¿De qué puede servir el conocimiento vaciado de sentido?

La comparecencia del secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, después de la reunión mantenida con la ministra Isabel Celaá para abordar la situación de la enseñanza en relación al Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, manifiesta la crónica anunciada de que la coincidentia oppositorum sólo es posible en el infinito: entre lo infinito verdadero y el infinito creado no hay ninguna coincidencia. Advertido del laicismo ideológico de Estado, en su pretensión de expulsar la asignatura de Religión del ámbito académico, Argüello se aferra a la Constitución y a los Acuerdos Iglesia-Estado como “el marco de referencia” para el diálogo sobre el pacto educativo o cualquier modificación de la legislación vigente.

La realidad, sin embargo, es mucho más sencilla. El Gobierno ya ha creado las condiciones para dar por terminados los Acuerdos con el Vaticano, instaurando un nuevo tipo de relaciones. Y lo hace por la vía impositiva, por la fuerza mayor. El diálogo, “desarrollado en un ambiente franco y cordial”, según Argüello, ha sido abierto por la Iglesia, pero las puertas estaban selladas por la ideología y el consenso no ha existido, algo suficientemente grave cuando se trata de un asunto de política de Estado. El Gobierno impone de un modo tácito un marco (superar el contenido en la Constitución y los Acuerdos) y la Iglesia recuerda cuál es el marco, fuera del cual no es posible el diálogo. El Gobierno desprecia lo que la res publica ha definido de manera legítima y debe ser, quiérase o no, respetado, negando así la condición secundaria del Estado respecto a la actual demanda social de una escuela concertada y el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa. El predominio del diálogo es el marcado por el pensamiento estratégico, un “diálogo técnico”, en opinión de Martin Buber, el reclamado sólo por la necesidad de un entendimiento objetivo en el que la Iglesia, el sujeto imprescindible del diálogo, es colocada entre paréntesis para luego declararla desaparecida.

Pensaba Romano Guardini que el hombre ha desarrollado un poder inconmensurable, pero nadie se responsabiliza de él ni lo guía. Ha roto sus ligaduras y se dirige contra el hombre mismo, entregando así un orden debido devorado por la ideología. Si el propósito en materia tan sustantiva como la educación sólo consiste en pagar el peaje de pactos políticos, la democracia, lejos de buscar el bien común, colapsará en la manipulación y el imperio de la injusticia; si la escuela y la Religión se convierten en un terreno de lucha por la hegemonía, el Gobierno, obligado a garantizar las condiciones objetivas de respeto a la Constitución, se transformará en instrumento impositor de la propia ideología; si el pacto educativo se encuentra de un modo secular sometido a la intervención y al mangoneo político, a una disciplina de partido sin posible resistencia, será el Estado quien se atribuya el privilegio de reconocer la existencia de cualquier comunidad, dotando su personalidad ficticia de verdadera personalidad desde un nomen juris otorgado por el propio Estado que ahora absorbe el poder de la comunidad educativa y sus legítimos representantes para detentar cualquier poder en la autoridad soberana del Estado.

El Gobierno debe ajustarse a la Constitución y al Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979, donde se afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, y que los planes educativos incluirán la enseñanza de religión católica en todos los Centros de educación “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”, siendo asimismo un deber de la Administración Pública procurar que desaparezca el antagonismo entre el sistema escolar estatal y el concertado.

Si no se respeta el habea corpus estipulado por la propia sociedad democrática cuando se trata de la resolución del problema educativo en el que tantas personas se sienten profundamente implicadas, el Estado, lejos de preservar el bien común, buscará fortalecerse en el debilitamiento y la vulnerabilidad de otros cuerpos comunitarios, eliminando así el potencial democrático de poder de la sociedad civil, con el peligro de ser traicionado a sí mismo cuando no se respeta el espacio creado por la libertad, convirtiendo la cultura no ya en la negación de las cosas últimas sino en la destrucción de la civilisation, en la demolición de la misma comunidad política, en la negación del reconocimiento del propio hombre y en la constatación del fracaso de la ruptura de su relación con los demás.