El 19 de septiembre de 2021 la isla de La Palma sufrió una erupción volcánica en la dorsal de Cumbre Vieja (volcán de Tajogaite) que marcó un antes y un después en la vida del archipiélago. La erupción se prolongó durante casi tres meses, hasta el 13 de diciembre, y provocó la evacuación de miles de personas, la pérdida de superficie agrícola y daños materiales de gran magnitud. Cuatro años después, las secuelas sociales, económicas y personales siguen abiertas para muchas familias que ven cómo la recuperación se alarga más de lo previsto.

La erupción dejó una huella múltiple: se arrasaron cientos de hectáreas de cultivo y se destruyeron o dañaron centenares de edificaciones. El alcance fue excepcional para una isla de tamaño reducido. Las evacuaciones afectaron a alrededor de 7.000 personas en el Valle de Aridane y las coladas alcanzaron el mar, alterando carreteras e infraestructuras fundamentales.

Francisco Pulido, presidente de la asociación Tierra Bonita, recuerda que su vínculo con la tragedia fue muy íntimo: "El cementerio: allí estaban enterrados mis padres y mis abuelos. Ese es el dolor que compartimos muchos, haber tenido que ver cómo nos enterraban a los nuestros dos veces". Pulido explica cómo la asociación nació en los días inmediatos y cómo su trabajo transitó de la ayuda inmediata a una segunda fase centrada en la exigencia de transparencia: la entrega de actas y grabaciones de los comités científicos y de dirección, que según relata a LA RAZÓN no se proporcionaron con la celeridad necesaria y han alimentado la desconfianza.

Los relatos personales ilustran otras facetas de la crisis prolongada. Gregorio García, vecino de Todoque que perdió dos viviendas (la suya y la de su madre), narra noches en coche con su perra, años de apartamentos temporales y la odisea para conseguir suelo a precios que, tras la erupción, se dispararon. "La primera noche la pasé en casa de unos amigos; después, en apartamentos temporales y varias noches en mi coche…", cuenta Gregorio, que critica la lentitud de los trámites.

La diferenciación entre propietarios también ha sido fuente de conflicto. Jany Gómez explica la situación de quienes poseen segundas viviendas y explotaciones agrícolas: perdió su finca de aguacates que le daba ingresos. Denuncia un trato inicial exclusivo hacia las viviendas habituales y una actualización tardía de las ayudas que dejó a muchos en la penumbra. En este sentido, algunos afectados aseguran que en las últimas semanas se han acabado de abonar las ayudas destinadas a la primera residencia, pero que las correspondientes a las segundas residencias "sigue sin saberse nada".

Hugo Betancor, por su parte, cuenta cómo la espera por las ayudas y la complejidad administrativa le obligaron a contratar abogados y a vender bienes para poder acceder a una vivienda. Señala que las decisiones públicas, las obras y algunos proyectos no siempre han respondido a criterios claros y reclama auditoría y mayor control.

Promesas incumplidas y la inacción del Gobierno

Tras la devastadora erupción, el Gobierno central y el gobierno canario habían pactado un plan de compensaciones plurianuales de 400 millones en cuatro años: el Estado se comprometía a 100 millones anuales y Canarias a 50 millones. Sin embargo, según los habitantes de la zona, solo se ha materializado la aportación estatal correspondiente al primer año (100 millones), que llegó en 2024.

Desde entonces, la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha bloqueado los pagos siguientes. En contraste, el gobierno regional sí ha cumplido con sus 50 millones anuales en 2023, 2024 y 2025. Ante esta situación, la administración autonómica propuso al Ministerio de Hacienda emplear un remanente financiero propio, superior a 200 millones, como anticipo para compensar a los afectados. La propuesta fue denegada. Incluso la ministra Margarita Robles trasladó en agosto la petición al seno del Ejecutivo central, pero la autorización sigue pendiente. Mientras tanto, las familias esperan y las promesas de los 400 millones se perciben, de momento, como un compromiso incumplido.

A esta situación se suma el retraso en la actualización de los pagos destinados a la recuperación de infraestructuras públicas de la isla. El Estado había asumido el compromiso de cubrir el 50% del coste, que inicialmente se estimaba en algo más de 24 millones de euros pero que, con el paso del tiempo, ya rebasa los 100 millones. Ante la falta de transferencias, el Cabildo de La Palma ha continuado acometiendo obras de reparación con recursos propios, lo que ha generado un déficit de 52,5 millones de euros que el Gobierno central aún no ha abonado.

Bonificación en el IRPF

La bonificación del 60% en el IRPF fue anunciada por el Gobierno de España tras la erupción de 2021, como una medida de alivio fiscal para los habitantes de La Palma. Se presentó como un instrumento clave para favorecer la recuperación económica de las familias y, en la práctica, debía aplicarse mes a mes (algo que sí se hizo el primer año) en las nóminas de los trabajadores.

La realidad ha sido distinta: en 2023 se aplicó de manera retroactiva sobre las rentas de 2022 y solo más tarde empezó a reflejarse parcialmente, con retrasos que hicieron que muchos contribuyentes la vieran en sus nóminas a partir de otoño. En 2025, la situación es aún más incierta. Según indican los vecinos, el Ejecutivo central les ha trasladado que "será a final de año cuando se considere" la aplicación del 60%, lo que significa que durante todo el ejercicio los palmeros no han podido beneficiarse de la deducción.

Ley de Volcanes

También han surgido reclamos políticos concretos: una Ley de Volcanes impulsada desde la sociedad civil que aspira a garantizar protección socioeconómica y criterios claros para compensaciones y el ordenamiento del territorio tras una catástrofe volcánica. La iniciativa fue admitida a trámite, pero su tramitación ha avanzado con lentitud.

La asociación Tierra Bonita, por ejemplo, ha canalizado apoyos desde los primeros días y ha mantenido la presión para la transparencia y memoria: "La transparencia fue uno de los grandes déficits de esta emergencia", apunta Francisco Pulido.

Cuatro años después, el balance que trazan los afectados es claro en un aspecto: la urgencia inicial dio paso a una recuperación que avanza con demasiada lentitud para quienes esperan rehacer su vida. La sensación entre los damnificados es que la agenda política y administrativa no siempre responde a la urgencia del dolor ni a las necesidades materiales. En este sentido, como suele ocurrir en acontecimientos de esta magnitud, todos los afectados coinciden en un mismo mensaje: "No nos olviden".