El juzgado reanuda el desahucio de una familia con seis hijos en Gran Canaria tras rechazar su recurso de vulnerabilidad

Una familia con seis hijos menores de edad, residente en el municipio grancanario de Ingenio, podría perder su vivienda el próximo jueves tras la decisión del juzgado de reactivar el procedimiento de desahucio que había sido paralizado en septiembre. La plataforma 'Derecho al Techo de Canarias' ha denunciado que la suspensión inicial quedó sin efecto después de que el tribunal rechazara reconocer la vulnerabilidad económica del hogar, lo que deja a los padres y a sus hijos en riesgo inminente de quedarse sin techo.

La abogada de la plataforma, Isabel Saavedra, ha explicado que el juez entiende que el padre, Moisés Macías, no cumple los requisitos para ser considerado vulnerable debido a que percibe un salario. No obstante, la letrada cuestiona este razonamiento y recuerda que en Canarias un ingreso equivalente al salario mínimo interprofesional resulta insuficiente para afrontar un alquiler que ronda entre 800 y 1.000 euros mensuales y sostener a seis menores de entre tres y catorce años.

El padre trabaja como reponedor y obtiene un sueldo básico tras haber renunciado a una incapacidad absoluta para poder incorporarse al mercado laboral, lo que redujo su prestación a una incapacidad total. Según Saavedra, el esfuerzo del trabajador por reincorporarse a la actividad laboral no se ha visto acompañado por una respuesta institucional que tenga en cuenta la precariedad real de las familias con múltiples cargas.

El desahucio ya había sido suspendido el pasado 9 de septiembre, cuando el juzgado decidió paralizar el procedimiento mientras resolvía un recurso de la defensa en el que se solicitaba el reconocimiento de la vulnerabilidad. Sin embargo, el tribunal ha desestimado finalmente ese recurso y ha fijado una nueva fecha para el lanzamiento.

Moisés Macías relató en su momento que adquirió la vivienda en 2006 y que durante 14 años cumplió puntualmente con el pago de la hipoteca. La crisis económica derivada de la pandemia cambió la situación cuando su esposa perdió el empleo y las restricciones sanitarias complicaron la búsqueda de trabajo. Con los ingresos limitados a una pensión y un subsidio de desempleo, el matrimonio dejó de abonar las cuotas del préstamo.

Ahora que ambos vuelven a contar con ingresos, la familia asegura estar dispuesta a negociar para saldar la deuda, aunque el fondo que compró el crédito al banco exige por la vivienda el 86% del precio original, sin descontar las cuotas ya abonadas durante más de una década. Esta circunstancia, según la plataforma, impide cualquier posibilidad de acuerdo razonable.

La abogada ha presentado un nuevo recurso con la intención de frenar el lanzamiento si no se resuelve antes de la fecha prevista. Además, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que, si se ejecuta el desahucio, los seis menores sean trasladados a un centro de acogida, una situación que califica de “inaceptable” desde el punto de vista humanitario y social.

Derecho al Techo ha reiterado su llamamiento a las instituciones públicas para que intervengan y eviten que una familia trabajadora quede en la calle. La plataforma subraya que este caso refleja un problema estructural que afecta a cientos de hogares canarios que, pese a tener empleo, no logran cubrir los costes básicos de vivienda debido al encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario.