Castilla y León pide un fondo adicional para compensar el déficit del transporte público de viajeros

El Gobierno autonómico está preocupado por la situación de las empresas que se dedican al transporte público de viajeros en la Comunidad debido a la crisis sanitaria. Y es que en estos casi dos meses de pandemia, este sector ha visto mermados sus ingresos en un 95 por ciento. Por este motivo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reclama al Gobierno de España un fondo adicional que compense el déficit que está padeciendo el sector del transporte público de viajeros por carretera.

Esta petición se hacía durante una nueva reunión por videoconferencia de la Conferencia Sectorial de Transportes con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y su equipo ministerial, en la que han participado los representantes con competencia al respecto de todas las comunidades autónomas de España, con Suárez-Quiñones en representación de Castilla y León, para analizar las medidas adoptadas en movilidad y vivienda a consecuencia del coronavirus y las proyecciones de futuro.

El consejero, además, destacaba el papel fundamental que ha desarrollado el sector del transporte de viajeros y mercancías durante las difíciles semanas por la Covid-19, “siendo un instrumento clave de otros servicios esenciales y de una movilidad básica”, y advertía de que este déficit de explotación se mantendrá en los próximas semanas debido a que seguirán estando presentes en nuestro país determinadas restricciones de servicio, ocupación y con una previsión de no recuperación de la demanda a corto plazo.

Por eso Suárez-Quiñones ha insistido en la necesidad de que las autonomías puedan contar con este fondo adicional que también ha sido solicitado ya por carta al ministro Ábalos, el cual ha manifestado que dicho planteamiento se ha trasladado a la ministra de Hacienda a fin de que se considere la previsión de dicho fondo.

Asimismo, el consejero ha incluido en el mismo paquete para que pueda beneficiarse de estas ayudas adicionales al transporte discrecional,"que ha visto casi desaparecer su actividad", decía Suárez-Quiñones, así como al sector del taxi, “que está sufriendo unas reducciones drásticas de ingresos, siendo un sector de micro-pymes y autónomos especialmente necesitado de ayuda y protección”, apuntaba. Sobre el gremio de taxistas, el consejero pedía al ministro de España que se dicte una normativa que pueda flexibilizar las exigencias de homologación de las mamparas que se han instalado en muchos vehículos de taxi para la protección de viajeros y conductores ante el coronavirus.

También se mostraba partidario el consejero de una regulación nacional de las exigencias de desinfección y limpieza de los vehículos de transporte público, si bien Castilla y León se dotó ya el 12 de marzo de una Orden al respecto dictada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Orden 298/FYM/2020, de 12 de marzo.

Vivienda y Construcción

Por otra parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente aprovechaba esta videoonferencia para solicitar al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incrementar los fondos del Plan Estatal de Vivienda para las nuevas líneas de ayuda a personas vulnerables por el COVID-19 y el resto de medidas de ayuda implantadas por el Real Decreto Ley 11/2020.

También más apoyo a las líneas de regeneración, rehabilitación y renovación urbanas, que fomentan la accesibilidad, eficiencia energética y la seguridad en la vivienda y la edificación, a la vez que son un importante apoyo al sector de la construcción y, por tanto, al empleo. Sobre este asunto, el consejero desvelaba que Ábalos le ha trasladado que la intención que tenía el Gobierno de hacer un plan de rehabilitación separado del Plan de Vivienda para su potenciación, anterior a la pandemia del coronavirus, sigue estando en la voluntad política del Ejecutivo.

Finalmente, en la misma línea de fomentar el incremento de actividad económica y el empleo en el sector de la construcción, y en concreto de la obra pública, el consejero reclamaba al ministro que se alzaran las restricciones a la tramitación de los procedimientos de licitación pública de las obras por parte de las distintas administraciones. Un asunto este en el que han coincidido otros representantes de Comunidades Autónomas, y que el ministro se ha comprometido a trasladar al Gobierno para su tratamiento, según destacaba Suárez-Quiñones.