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Castilla y León insiste al ministro Planas en reforzar al agricultor profesional
La Junta pide una vez más al Ministerio que modifique el Plan Estratégico de la PAC para que también se pueda simplificar la «farragosa» gestión los ecorregímenes

Uno de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno que preside Fernández Mañueco en Castilla y León con las organizaciones profesionales agrarias es que hay que trabajar para que se modifique la actual Política Agraria Común (PAC) de cara al periodo que comenzará en 2027 .
Tanto el Gobierno regional como el campo castellano y leonés llevan tiempo reivindicando que se debe defender más al agricultor o ganadero profesional.
Por ello, la Junta de Castilla y León ha pedido una vez más al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC) 2023-2027 para reforzar la figura del agricultor profesional con normas más claras para efectuar los controles de condicionalidad, de tal forma que se alcance una gestión más eficiente de las explotaciones.
Pero, también, reclaman al departamento que dirige Luis Planas que se simplifique la gestión de los ecorregímenes.
El director general de Política Agraria Comunitaria, Ángel Gómez, ha trasladado a los representantes ministeriales la necesidad de hacer más ágiles los trámites relativos al cumplimiento de las condiciones de los ecorregímenes en el conjunto de la explotación, con independencia de si ésta cuenta con usos de secano o regadío, pues en todo caso, se trata de una unidad productiva.
Asimismo, Gómez pone sobre la mesa otras propuestas que, dentro de las intervenciones del primer pilar PEPAC, completarían los cambios introducidos por la Comisión Europea durante 2024. Entre estas, se encuentra la revisión de determinadas ayudas, que perjudican, en especial, el modelo de agricultura de Castilla y León, o la mejora de la seguridad jurídica de los agricultores y ganaderos.
El alto cargo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha reunido con miembros del Ministerio en un encuentro que ha servido igualmente para analizar y explicar las consecuencias de estas medidas en la simplificación de la PAC y cómo afectan a la gestión de las explotaciones de los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
Desde el departamento que dirige María González Corral se mantiene que las medidas de protección del medio ambiente deben tener un equilibrio con los criterios agronómicos, evitando restringir el potencial productivo de las explotaciones de Castilla y León.
Todas estas cuestiones, además de aquellas otras referidas a las intervenciones de desarrollo rural, deben formar parte de un documento que el propio Ministerio de Agricultura tiene la obligación de trasladar a la Comisión Europea para su posible aprobación.
Asimismo, la Junta advierte de la «excesiva» carga burocrática de la actual PAC, por lo que ha remitido hace poco al ministerio que dirige Luis Planas una propuesta de simplificación con una decena de medidas, entre ellas que se rebajen las exigencias del primer pilar de la PAC y las explotaciones puedan simplificar su gestión,
«Queremos que se priorice el modelo de agricultura profesional, que es el mayoritario en Castilla y León y logremos una PAC más adaptada al modelo agrario de la región», afirma González Corral.
Por otra parte, la Junta reafirma su apuesta por los regadíos así como por la exigencia de fondos para compensar los daños causados por el lobo.
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