Familiares de usuarios de residencias claman en Valladolid y León contra la “precarización” existente

Las plataformas de afectados piden más personal, que se medicalicen los centros ante el repunte de casos y más flexibilidad en las visitas para que las familias puedan corroborar la situación de su ser querido

Las residencias de personas mayores y dependientes son los espacios que más están padeciendo las graves consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus, sobre todo en lo que a la letalidad del virus se refiere. Y es que la gran mayoría de los fallecidos en estos meses de pandemia proceden de estos centros residenciales.

Una situación que, lejos de solucionarse con el paso de los meses, parece que no tiene fin, ya que no hay día que pase en el que no pierda la vida un usuario de una residencia, ya sea en un hospital o en el propio centro, mientras que siguen registrándose brotes de covid en estos lugares, como los dos últimos que se han registrado en Castilla y León con más de cuarenta positivos cada uno en las localidades vallisoletana y soriana de Mayorga y Arcos de Jalón, respectivamente.

Familiares de afectados de las residencias de mayores de la Comunidad han creado una plataforma para tener voz y poder reivindicar los derechos de los usuarios de estos centros que consideran que se han vulnerado en estos meses. Un colectivo que se ha concentrado este sábado en la Plaza Mayor de Valladolid para pedir a las administraciones más medios de protección para los trabajadores y usuarios y, sobre todo, más personal para poder atender con mejores garantías a los residentes y que no vuelva a ocurrir lo que pasó al inicio de la pandemia que pilló a todas las residencias desprevenidas y desprotegidas, ya que consideran que la situación en estos momentos en las residencias “sigue sin estar controlada”.

También demandan más inspecciones, que no se aísle a los usuarios del resto de convivientes “por los daños psicológicos” que acarrea, y una mayor flexibilidad en las visitas de los familiares, ya que la actual situación se tienen que fiar de los que les dicen por teléfono y lo que quieren los familiares es poder entrar para ver a su ser querido y de esta forma poder corroborar su situación.

“Queremos un plan de choque y una norma estatal de residencias que impida que se trabaje en estos centros bajo mínimos”, asegura Ana Redondo, portavoz de la plataforma, quien pide a las administraciones que velen por la seguridad y por la salud de las personas mayores. “La solución no pasa por encerrar a los ancianos para contener al virus”, advierte este mujer, muy crítica también con la orden de no trasladar a los hospitales a los enfermos de covid de las residencias. “Se denegó a estas personas a una asistencia sanitaria condenándoles a morir en la mayor de las soledades”, denuncia.

Actualmente, la asociación está en proceso de registrarse como asociación para poder emprender acciones legales como entidad jurídica y tener interlocución con la administración regional.

Durante la concentración repartían un comunicado en el que denuncian la “mercantilización absoluta del sector”, lo que asocian a “una absoluta pérdida de derechos para las personas de edad avanzada, agravado todo ello por una situación de dependencia que es olvidada en la práctica por las instituciones”

Asimismo, en el escrito advierte la plataforma que no consentirán una situación de “flagrante abandono" a la población mayor que, en opinión del colectivo, fue el que se dio en Castilla y León en los primeros meses de pandemia. “Seguiremos buscando justicia por ellos, por los que se fueron y por los que se quedan en las residencias. Nunca os olvidaremos”, reza el comunicado.

En León también se concentraban, pero por la tarde, y allí la plataforma de afectados pedía que se empiece a trabajar de otra manera “porque se están volviendo a cerrar las puertas de las residencias y a vulnerar los derechos civiles de las personas”, decían de esta asociación, que reclama a la Junta que “refuerce las residencias geriátricas", que se haga cargo de su control desde el minuto cero y que no olvide que las personas que viven en una situación de dependencia y son más vulnerables pueden comunicarse con sus familias para denunciar las situaciones que tienen dentro y para mejorar su calidad de vida.

“Muchos de ellos no morirán de covid ni solamente de pena, sino de la falta de cuidados y atención que la Junta les está negando”, apuntaba Carmen Franganillo, portavoz de la plataforma, cuyos integrantes portaban pancartas en las que se podían leer frase como “Por Justicia, responsabilidades. Por dignidad, derechos humanos”, “Residencias públicas, no mazmorras” o “Dignidad para morir”.