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Transparencia

La futura Ley de Participación Ciudadana va cogiendo forma

La normativa entra en fase de consulta pública para que todo aquel que lo considere pueda durante el próximo mes hacer sus aportaciones al texto

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco IgeaNACHO GALLEGOEFE

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la futura Ley de Participación Ciudadana de Castilla y León va cogiendo forma y este martes ha entrado en fase de consulta pública previa para que todo aquel que lo considere, durante el próximo mes, pueda hacer sus aportaciones al texto para enriquecerlo.

Objetivo: lograr una mayor seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa o indirectamente en sus intereses.

La normativa pretende “promover canales e instrumentos que garanticen la participación en procesos de deliberación, consultas ciudadanas, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, planes y gestión de los servicios públicos”, según informan desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior .

Todo ello, con el fin de fomentar una participación de calidad, tanto interna como externa, y establecer los mecanismos de coordinación que sirvan para promoverla, normalizarla y supervisarla.

Además, desde el departamento que dirige Francisco Igea apuntan que es necesario definir y precisar procedimientos, conceptos, canales e instrumentos que permitan a la ciudadanía opinar, deliberar, formular propuestas de políticas públicas en condiciones de igualdad y determinar las obligaciones de la Administración.

Además, insisten en que resulta igualmente necesario fijar los mecanismos internos que promuevan, estructuren, normalicen, supervisen el desarrollo de la participación ciudadana en la Administración autonómica e impulsar la formación y sensibilización tanto de los empleados públicos como de la ciudadanía.

La Junta argumenta respecto a la pertinencia y la necesidad de esta nueva ley que, ante la creciente demanda de implicación y colaboración social en los asuntos públicos, el impulso de una participación ciudadana activa y de calidad y la incorporación de la inteligencia colectiva “constituye una condición esencial para las democracias avanzadas”.