Más facilidades para que las personas con discapacidad puedan ser funcionarios en Castilla y León

La Junta publica un nuevo decreto con el objetivo de reducir de manera progresiva la brecha en el acceso al empleo público y ofertar no menos de un 10% de plazas

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

La Junta de Castilla y León favorecerá la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo público a través de un nuevo decreto que regula su acceso a la administración autonómica, como ha anunciado este jueves el consejero portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo. De esta manera se pretende mejorar el proceso de adaptación del puesto a la persona con discapacidad, la formación y preparación al mismo y donde satisface el principio de proporcionalidad.

Entre las novedades se encuentra que el grado reconocido de discapacidad se ve modificado y pasa a ser del 65 por ciento en vez del 75 por ciento como hasta la fecha; las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y habrá una especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un Plan de incorporación específico para facilitar su ingreso.

Como ha señalado el consejero en su intervención, “la búsqueda de la inclusión y la generación de oportunidades para todos los castellanos y leoneses es un eje prioritario”, y manteniendo el compromiso con la atracción del talento, para la prestación de unos servicios públicos de calidad. Se busca con ello ofertar no menos de un 10 por ciento de plazas, de modo que de manera progresiva el 2 por ciento de los efectivos totales de la Junta serán personas con discapacidad.

Otros acuerdos

Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno se ha aprobado el nuevo contrato de transporte sanitario, con un aumento de 101 ambulancias más sobre las 605 actuales. Para ello se van a invertir 736 millones de euros y con una duración de seis años, lo que supondrá un aumento del 16,7 por ciento.

En aspecto social, se destinan 60.000 euros a las entidades sin ánimo de lucro Farmamundi y Unicef apoyando el suministro de bienes de primera necesidad y medicamentos a la población ucraniana desplazada dentro de su propio país.

En materia económica, se destinan cerca de 800.000 euros para contratar la consultoría para el desarrollo de programas de aceleración de proyectos emprendedores y de innovación; 735.000 euros para contratar las campañas de difusión de productos y servicios del Instituto para la Competitividad Empresarial y otros 60.000 euros para garantizar, mediante ensayos en laboratorio, la seguridad y el correcto funcionamiento de productos industriales que se comercializan en nuestra Comunidad.

En materia agraria se han contratado las obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Torresandino (Burgos), con un presupuesto de cuatro millones de euros.. A ellas se unen otros 400.000 euros para la contratación de las obras de restauración en la provincia de Valladolid.

En cuanto a Sanidad, se inicia la adquisición de dosis para la próxima campaña de vacunación frente a la gripe por un importe de tres millones de euros.

Por último, en tema cultural, se declara Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico La Villa de Sahagún (León) y se destinan 90.000 euros a la Universidad de Burgos para el proyecto de excavación e investigación arqueo-paleontológica en la Sierra de Atapuerca.