Castilla y León cuestiona el reparto del déficit por quedarse el Gobierno con un margen 12 veces mayor

La Junta de Castilla y León cuestionó el reparto de los límites de déficit público para 2023 que acordó este martes el Consejo de Ministros porque entiende que el Gobierno central se queda con un margen 12 veces mayor que el previsto para las comunidades, que se situará en el 0,3 por ciento, a pesar de que cuentan con las competencias en servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la dependencia o la lucha contra incendios forestales.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reiteró sus este miércoles en Madrid a la entrada y a la salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera sus críticas al reparto de los límites de déficit público previstos para la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales el próximo ejercicio.

En ese sentido, el consejero de Economía y Hacienda denunció que el Gobierno se queda con un límite 12 veces superior al previsto para las comunidades, lo que permitirá al Ejecutivo central de Pedro Sánchez no tener que hacer ajustes sobre su gasto. Sin embargo, Fernández Carriedo remarcó que las autonomías son las que gestionan competencias “esenciales” para los ciudadanos.

Al respecto, el titular de Hacienda aseguró que desde la Junta no dicen que el Estado no tenga competencias, pero sí que sus atribuciones en término de gasto no son “12 veces mayor” que las de las autonomías. Por tanto, censuró una distribución “asimétrica” y advirtió de que esto pone en dificultad las competencias asumidas por la Comunidad: sanidad, educación, los servicios sociales o cuestiones como la prevención y extinción de los incendios.

Igualmente, el consejero de Castilla y León reivindicó que se trate en esta reunión “multilateral” del Gobierno y las comunidades la reforma del sistema de financiación autonómica. Carlos Fernández Carriedo recordó que el Ministerio de Hacienda y Función Pública remitió en enero y que tuvo respuesta desde de la Junta.

De esta forma, el titular de Economía y Hacienda pidió al Gobierno que no aborde la reforma de la financiación con Cataluña, en la reunión bilateral prevista por el Ejecutivo con esta comunidad, dentro de la mesa de diálogo. “Lo que afecta a todos que se trate en foro en el que estamos todos”, aseveró Fernández Carriedo, quien expresó la preocupación de la Junta.

Además, el consejero, que lamentó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no debatiera sobre la reforma del modelo, aprobado en la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó para reivindicar el peso que a su juicio deben tener las variables del territorio en la asignación de las partidas, porque insistió en que el coste de algunos servicios está vinculado a la extensión territorial y no la población, como los incendios.

De esta forma, Fernández Carriedo expuso que la Junta de Castilla y León se encarga de la prevención y extinción de incendios, así como de la política forestal con el fin de conservar un patrimonio, en este caso natural, que destacó pertenece a todos los españoles.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo que fija el límite de gasto no financiero del Estado para 2022, que aumenta el 1,1 por ciento hasta un total de 198.221 millones de euros, 2.079 millones más que en 2022, lo que sitúa a esta variable en el tercer récord consecutivo de los últimos años.

Así del déficit del 3,9 por ciento del PIB previsto para 2023, 3,2 puntos serán para la administración central, que recorta dos décimas su margen respecto al Programa de Estabilidad, para aumentar del 0,1 por ciento al 0,3 por ciento la tasa de referencia de déficit para las comunidades autónomas.