Castilla y León reitera su petición de que los requisitos de justificación de los fondos europeos para vivienda no sean “insalvables” y se reduzcan “al máximo”

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, insistió al Gobierno de España que los requisitos de justificación de los fondos europeos para la rehabilitación de las viviendas y edificios no sean “algo insalvable” y que se reduzcan al “máximo”.

Con motivo de su participación en la Comisión de Vivienda, Urbanismo y Construcción de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León, celebrada en Valladolid, Suárez-Quiñones dejó claro que la Junta hace “todo lo que puede” en la gestión de los fondos europeos en la Comunidad. “Hay un dinero que Europa traslada a las administraciones gestoras que son las autonomías y tienen un intermediario que es el Gobierno, por que no tiene competencias en materia de vivienda. Solo tiene que trasladarlo a las administraciones autonómicas para lo que ha hecho un real decreto complejo”, aseguró.

De esta manera, Suárez-Quiñones consideró, según recogió la Agencia Ical, que esta complejidad ha generado que las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios tengan una tramitación y una exigencia de documentación, por parte del solicitante, “muy compleja”. Una queja que la Junta ha traslado al Gobierno central.

A juicio del consejero, esta complejidad “retrae” a los particulares a la hora de solicitar las ayudas. “La gente que se acerca a la administración a la hora de presentar un proyecto de rehabilitación de su vivienda para una mejora eficiencia y buscar ayudas de los fondos europeos, comprueba que tiene que cumplir una serie de requisitos que son muy dificultosos”, significó.

Suárez-Quiñones recordó que la Consejería tiene convocados desde julio 18,7 millones de euros para las ayudas a la rehabilitación de edificios y otros tantos para vivienda. Incluso, esta cantidad se podría ampliar hasta los 48 millones o más, gracias a los fondos europeos.

Por último, demandó una mayor implicación y un esfuerzo de todas las estructuras como los administradores de fincas, los profesionales, los promotores, los constructores y las organizaciones empresariales del sector para fomentar la elaboración de los proyectos de construcción. No en vano, declaró que se logrará aumentar la calidad de vida de las personas que residen en esos edificios y viviendas rehabilitadas y un compromiso con el cambio climático al reducir el consumo de energía primaria y la emisión de CO2, sin olvidar la actividad económica y el empleo de un sector tan importante como es la construcción.

El presidente de la Comisión de Vivienda, Urbanismo y Construcción de CEOE Castilla y León, Javier Vega, lamentó que los Fondos Next Generation no “cumplen” los objetivos trazados por el sector. No en vano, precisó que solo unas “pocas” empresas han podido acceder a los fondos europeos, algo que se traduce en que las solicitudes de licencias de reformas y rehabilitaciones han bajado un 14 por ciento. “Tenemos que corregir esto por que no podemos permitirnos de prescindir de ese dinero cuando el momento económico está siendo decadente en cuanto a la actividad. El sector de la construcción está llamado a sujetar la economía de las provincias de la Comunidad y España”, expuso.

Problema “muy serio”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vivienda, Urbanismo y Construcción de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León, Javier Vega, reconoció el problema “muy serio” de mano de obra que tiene el sector de la construcción. No en vano, aseguró que, hasta el momento, ha sido incapaz de conseguir que sea “atractivo” para los jóvenes y las mujeres. “Algo hemos hecho mal, aunque lo achaco más a la sociedad que al propio sector”, aseveró.

Antes de mantener un encuentro con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para abordar las demandas del sector y conocer las posibilidades de la aplicación de los fondos europeos en la construcción, Vega lamentó que el sector tenga aún el “lastre” de una parte de la sociedad, donde se habla que los trabajadores pasan mucho frío y sufren penurias, además de existir la idea de que está poco cualificado. “Eso ya no es así”, aseveró. De ahí que animara a los interesados a pasarse por la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León para conocer los cursos y las cualificaciones profesionales. “Muchos jóvenes se darán cuentan que es un sector sostenible, con un convenio mucho mejor que hostelería, industria o agro. Se paga más dinero y tiene un futuro muy prometedor”, añadió.

El también presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León también apuntó, según recogió la Agencia Ical, que el real decreto de modificación de precios, que buscó adaptar los precios a la realidad actual, no llega para cubrir las “grandes” pérdidas de las empresas en las obras públicas. No en vano, aseguró que el sector necesita una modificación de esa normativa que incluya otros elementos que han aumentado de precios como la energía y las materias primas y la subida de tipos. “Sabemos que no depende de la Junta pero sí puede adaptar las obras que vaya a sacar a licitación a los nuevos precios existentes”, sentenció. De no ser así, auguró que el sector continuará dejando obras desiertas, aunque la mayor parte corresponde a las entidades locales como ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Y es que recordó que el coste de las materias primas ha aumentado, de media entre el 15 y el 20 por ciento, aunque en algunos casos se han disparado hasta un 30 por ciento. En este sentido, el real decreto no permite cobrar cuando el aumento del coste de la obra supera el 20 por ciento. “Por lo tanto, se queda corto a todas luces”, expuso.

Otra de las demandas propuestas por la patronal a la Junta fue el cambio de la Ley de Urbanismo de Castilla y León para que se adapte a la realidad social actual. En este sentido, el consejero reconoció que la Junta ha dado buena orden de ser “ágil” para recoger las reformas que solicita el sector, que son claves para garantizar un funcionamiento adecuado. Citó los dos decretos leyes para introducir algunas demandas como la eliminación de licencia de primera ocupación por una declaración responsable, facilitar la instalación de placas solares en las cubiertas de las viviendas, no afectar al consumo de edificabilidad todas las actuaciones para regeneración y renovación urbana, la eliminación de trámites como los planes de reforma interior de los ayuntamientos y los convenios bilaterales si no hay destrucción de viviendas. Además, anunció que habrá alguna reforma más con la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad, que también afectará al sector, informa Ical.

Suárez-Quiñones subrayó que la construcción es un sector “muy dinamizador” para la economía de la Comunidad y que cuenta con “mucho” empleo, directo e indirecto. “Nos interesa que funcione y tenga vida”, concluyó.