El sector del transporte, nexo de unión

A las puertas de la Navidad, las primeras que se esperan un poco más normales tras la pandemia, diferentes acontecimientos están provocando cierto vértigo a nivel socioeconómico, y no solo ya los problemas derivados del aumento de precios, la inflación al alza o la situación con los carburantes y la energía, sino también una posible gran huelga de transportistas.

Bien es cierto que los ecos que resuenan no parecen tan incesantes como el impacto que tuvo el anterior parón en el sector hace poco más de medio año, donde sus consecuencias se notaron desde la cadena de distribución hasta la interrupción del consumo. Pero el hecho de que no haya sido tan drástico no es para restarle importancia, siendo una alerta de lo que se puede esperar de cara a los periodos navideños.

El cese de la actividad en momentos puntuales, no solo en Navidad sino también en el “Black Friday”, cifra el coste en 600 millones de euros al día, por lo que es urgente tomar medidas desde la Administración, ya que el centro de las reivindicaciones de los transportistas es el incumplimiento del Real Decreto Ley de sostenibilidad económica en el ámbito terrestre, que ha traído aparejado una serie de modificaciones para que el precio del transporte sea superior a los costes y gastos que debe asumir el transportista, puesto que ahora la realidad no se ajusta una economía justa y viable.

Por todo ello, se antoja más que necesario dar salida, cuanto antes, al plan de inspección para 2023 que quiere poner en marcha el Gobierno para que los transportistas no trabajen por debajo de sus costes y se fijen líneas de actuación para el control de precios, la morosidad y el cumplimiento de la norma.

No debemos olvidar que todas estas acciones requieren de un consenso generalizado de todos los agentes implicados, pues el transporte es nexo de unión entre productores y consumidores, verdaderos motores de la economía de cualquier región desarrollada y pilar fundamental del Estado del Bienestar, pues es un medio estratégico que supone más del 9% del valora añadido agregado en España.

Dejar a su riesgo y ventura las consecuencias es poner en jaque nuestra economía en un momento en donde se requieren altos niveles de confianza y certidumbre, credibilidad de las medidas de las administración para con los ciudadanos y abastecimiento e inmediatez de bienes de primera necesidad y consumo.