La Carta de Salamanca demanda protocolos uniformes para responder a los actos vandálicos contra el patrimonio cultural

Más protocolos de trabajo uniformes, tanto proactivos como reactivos, ante los problemas que plantean los actos vandálicos contra el patrimonio cultural; y una mayor colaboración entre la sociedad civil, las administraciones, fuerzas de seguridad, fiscalías, servicios jurídicos municipales y el conjunto de la judicatura, para conseguir criterios unificados frente a los atentados contra el patrimonio y evitar situaciones de inseguridad jurídica.

Estas son, grosso modo, las dos principales conclusiones que se extraen de la denominada como Carta de Salamanca resultante de las jornadas que el grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha llevado a cabo en la capital del Tormes para buscar fórmulas con las que combatir el creciente vandalismo contra el patrimonio en estas urbes.

A lo largo de dos días, las personas técnicas de patrimonio de las quine ciudades; junto con fiscales y figuras expertas del ámbito jurídico, así como representantes de las policías locales, han reflexionado sobre las estrategias que pueden ayudar a combatir y gestionar las consecuencias de los actos vandálicos en los entornos urbanos y su incidencia en el patrimonio cultural.

Unas jornadas en las que se ha puesto de manifiesto que el vandalismo afecta al paisaje histórico de las ciudades y que por ello hay que redoblar esfuerzos en la preservación patrimonio monumental, ya que también se está deteriorando el patrimonio inmaterial y el valor cívico de los espacios urbanos.

También se ha llamado a unificar los criterios para poder cuantificar las consecuencias del vandalismo, en cuanto al valor de reposición o de reparación. Y se buscan fórmulas para dar una respuesta contundente, tanto en la vía administrativa como en la penal, al tiempo que se trabaja en otras alternativas sociales y de concienciación dirigidas a quienes atentan contra el patrimonio.

Asimismo, ven necesario evitar la inseguridad jurídica y la disparidad de respuestas con respecto a las multas sobre el valor de reposición, por lo que demandan criterios más claros ya qu ehan comprobado que el mismo hecho en distintos juzgados puede ser un delito o una falta y, en la vía administrativa, también son muy diferentes las consecuencias y las sanciones.

El programa de las jornadas ha analizado la problemática desde el punto de vista normativo, tanto en la vía administrativa como en la vía penal; también desde la perspectiva de la investigación policial, así como de la gestión administrativa, en lo que afecta a la restauración y limpieza de los daños materiales.

Asimismo, se ha contemplado un bloque que incluye el análisis de iniciativas sociales, de educación y concienciación ciudadana.