Los firmantes del manifiesto de la protesta del 10F frente al acuerdo PP-Vox: "No deben pasar y no pasarán"

Este viernes se ha presentado el manifiesto promovido por UGT y CCOO en Castilla y León para protestar el próximo 10 de febrero, coincidiendo con la entrega de los Premios Goya en Valladolid, contra el gobierno de coalición entre PP y Vox y "por la defensa de los principios y valores democráticos".

Un documento que deja claro sus intenciones, ya que en el texto se avisa de que "no deben pasar y no pasarán".

"Lo hacemos en nombre de la importante cultura democrática de nuestro país, reconquistada después de la etapa negra e ilegal de la dictadura franquista, y nos reafirmamos en que no permitiremos que sea degradada o incluso, como algunos de ellos desean, olvidada. Esta vez no, esta vez no deben pasar y no pasarán", concluye el escrito presentado por los dirigentes autonómicos de ambos sindicatos, Vicente Andrés (CCOO) y Faustino Temprano (UGT).

El manifiesto vincula la entrega de los Premios Goya con esta protesta porque sus promotores ven en peligro la existencia de un espacio cultural "libre y diverso", al entender que los gobiernos de coalición entre el PP y Vox, tanto a nivel autonómico como municipal, "han dado muestras de obscena censura directa y a través de las 'nuevas programaciones', donde se excluye lo ajeno a sus ideas y sus mitos".

Del mismo modo, el documento recuerda que la Consejería de Cultura "quiere declarar bienes de interés cultural las construcciones con simbología franquista y fascista, para así evitar su retirada, regulada en la Ley de la Memoria Democrática".

"Esto no ha hecho más que empezar y surgen casos de este tipo cada día en todo el territorio nacional", han alertado los sindicatos, quienes han alertado de que la Junta ha dejado de cumplir el Decreto autonómico de Memoria Histórica y Democrática, que pretende derogar y sustituirlo por una nueva normativa de concordia.

Otra de las críticas hacia el gobierno de coalición entre PP y Vox es el tratamiento hacia las personas migrantes, con retirada de fondos y programas y con "discursos de odio" vertidos por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), que consideran "incendiarios, falsos y xenófobos".

La "política educativa clasista, apoyando a los centros concertados en detrimento de la escuela pública", es otro de los puntos incluidos en el manifiesto, que alude también a las referencias realizadas por el consejero de Industria, Mariano Veganzones, por calificar a los ciudadanos de esta Comunidad como "vagos", mientras que los jóvenes se tienen que marchar fuera.

También alude el manifiesto a que "el respeto a los derechos de los colectivos LGTBI sufre el mismo desgaste", ya que Castilla y León se mantiene como la única sin ley autonómica, con conflictos institucionales por la colocación o retirada de banderas y pancartas arcoiris: "Se empieza por no reconocer, para después perseguir", concluyen, en declaraciones recogidas por Efe.

El protocolo antiaborto anunciado en enero de 2023 es visto como un ataque a los derechos y libertades de las mujeres, aunque finalmente no tubo aplicación práctica, gracias en opinión de los promotores del manifiesto a los requerimientos del Gobierno central, también alerta de la normativa que pretende aprobar la Junta en materia de violencia intrafamiliar, mientras Vox niega la existencia de la violencia de género.

El rechazo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, la negación del cambio climático con sus "efectos evidentes y comprobables" y la "demagogia, simplezas y mentiras" que aplican cuando se relacionan con el sector agrario son otros de los argumentos de este manifiesto.

Los sindicatos perciben igualmente una "persecución" hacia la actividad sindical y las relaciones laborales, ya que las entidades representativas "no son tenidas en cuenta en ningún ámbito de la administración, consecuencia de la actuación premeditada de las Consejerías en manos de la extrema derecha, permitidas por el Gobierno Autonómico".

"La persecución a los dos sindicatos de clase mayoritarios ha sido y sigue siendo su forma de gestionar las relaciones laborales en nuestra Comunidad", han resumido.

"Es indiscutible que desde la llegada de la extrema derecha al Gobierno de Castilla y León, el diálogo político y social en nuestra Comunidad, al igual que está ocurriendo ya en otros territorios donde gobiernan, ha sufrido una degradación constante y premeditada, con la lamentable connivencia del Partido Popular", han añadido.

Por último, han remarcado su intención de "luchar contra estos despropósitos antidemocráticos" y defender los principios y valores democráticos, los derechos humanos y la libertad en su máxima y múltiples expresiones, la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, en defensa de los textos constitucionales y estatutarios democráticos, de la legalidad vigente y de la convivencia en paz y en libertad.