La Junta apuesta por la integración laboral de las personas preceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía

La Renta Garantizada de Ciudadanía es una pieza esencial del sistema de protección social autonómico. Se trata de la renta mínima otorgada por la Comunidad para aquellas personas sin empleo que cumplan una serie de requisitos, como el hecho de que los menores a su cargo cursen la enseñanza obligatoria, que estén inscritas como demandantes de empleo o que participen en las acciones formativas que se programen y no rechacen ofertas de trabajo. El pasado año fueron 3.700 los beneficiarios. Sin embargo, la Junta de Castilla y León, a la vez que concede esta ayuda básica, promueve la inserción laboral directa de las personas que la perciben.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comprobado de primera mano en la Fundación Red Íncola el desarrollo de dos de los itinerarios de empleo financiados con 72.000 euros por el Ejecutivo autonómico.

Uno de ellos está destinado a la formación en el ámbito de la atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia, tanto en instituciones sociales como en el propio domicilio, y el segundo tiene que ver con operaciones de grabación y tratamiento de datos.

En total, en las instalaciones de la organización se desarrollan cuatro acciones de orientación laboral de las 139 aprobadas en la última convocatoria, para la cual se han destinado 2,5 millones de euros cofinanciados a partes iguales por la Junta y la Unión Europea, que beneficiarán a 2.224 castellanos y leoneses.

Precisamente, uno de los requisitos para acceder a estos itinerarios es ser perceptor de la Renta Garantizada de Ciudadanía, ya que el objetivo principal de la Junta es lograr que este colectivo mejore sus condiciones de vida a través de la consecución de un empleo. Desde 2018, se han venido convocando estas subvenciones para entidades del Tercer Sector que promuevan estas acciones por un importe total de 10,7 millones de euros, a través de las cuales se han impulsado 605 cursos para 8.470 personas.

Certificado de profesionalidad

Estos itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral se articulan en grupos de entre 12 y 16 personas −aunque también hay actividades individuales− y se desarrollan durante, al menos, cinco meses. Un total de 200 horas en las que los usuarios reciben información, orientación laboral y asesoramiento mediante diagnósticos personalizados y planes para cada uno de los asistentes; se les forma en competencias digitales, en el sector económico específico del curso y en formación complementaria −sensibilización medioambiental e igualdad de oportunidades−; y, por último, se realiza el acompañamiento y seguimiento a la inserción, con acciones de entrenamiento y apoyo a la intermediación. Finalmente, se les otorga un certificado de profesionalidad y, en casos como el de Red Íncola, incluye un módulo de prácticas no laborales en empresas del sector con las que la entidad tiene convenio.

Precisamente, en lo que concierne a los cuatro itinerarios que también impartió Red Íncola el pasado año con financiación de la Junta, el 45 % de los 73 participantes encontraron un empleo y, hoy en día, continúan trabajando. Un porcentaje que asciende al 55 % cuando se trata de la formación en atención sociosanitaria.

Según ha destacado la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, desde la Junta de Castilla y León se promueve y apoya financieramente la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ya que es un compromiso y un objetivo prioritario construir una sociedad más justa. Por ello, ser perceptor de la Renta Garantizada de Ciudadanía da preferencia a la hora de recibir esta formación, directamente ligada a la búsqueda activa de empleo, ya que un 50 % de las plazas están reservadas para este colectivo. Esto contrasta con prestaciones equivalentes como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que otorga el Gobierno, que no establece los requisitos de formarse y buscar empleo de forma activa para su concesión.

Red de Protección a las Familias

Aunque anterior, la Renta Garantizada de Ciudadanía forma parte del compendio de ayudas integradas en la Red de Protección a las Familias más vulnerables, creada en 2018. Un entramado social del que forman parte, además de la Comunidad, las entidades locales con competencias en Servicios Sociales −municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales− y las entidades del Tercer Sector que trabajan con los sectores de la población más vulnerables. Es el caso de Red Íncola.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, que son los correspondientes a 2022, a través de un gasto superior a los 217,5 millones de euros se atendió a casi 280.000 familias. Si bien muchas de las actuaciones están relacionadas con una acción protectora que cubra sus necesidades básicas, una buena parte está dirigida a impulsar su acceso al empleo para facilitar su integración.