La Junta facilita alternativas al desahucio de las personas vulnerables

La Junta de Castilla y León contará con un órgano mediador en cada servicio territorial de las provincias para reunir a grandes tenedores de viviendas y a personas vulnerables en riesgo de desahucio para facilitar alternativas que eviten la judicialización y el alzamiento de estos últimos.

Así figura en una de las enmiendas, en concreto la número 30, que los Grupos Parlamentarios PP y Vox han presentado a la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes y que, previsiblemente, se aprobará en el debate sobre la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que se desarrollará en el Parlamento autonómico junto al de aprobación de la Ley de Presupuestos de 2024.

Se trata de una nueva disposición adicional a la Ley de Derecho a la Vivienda de Castilla y León, que incluye un procedimiento de mediación previo a la admisión de las demandas de desahucio que hagan los grandes tenedores de vivienda cuando el inquilino sea un ciudadano en situación de vulnerabilidad económica.

Así, cuando el propietario vaya a iniciar el proceso de demanda, deberá acudir antes al órgano mediador de la Junta en cada provincia, que deberá a su vez notificar a la persona susceptible de ser demandada la información sobre su situación y el proceso a seguir, incluyendo la petición de su conformidad para participar en el procedimiento de mediación y su autorización para que el servicio competente en materia de asistencia social acceda a sus datos económicos y demás circunstancias de carácter personal que acrediten su situación de vulnerabilidad.

Una vez preste su conformidad, se pedirá al servicio competente en materia de asistencia social del ayuntamiento o diputación provincial de referencia que acredite dicha vulnerabilidad y, si esta se confirma, el órgano mediador citará a las partes para celebrar una sesión tras la que deberá proponer alternativas viables para cada situación, orientando a propietario y persona en situación de vulnerabilidad a la adopción de acuerdos.

Tras ello, el órgano mediador realizará un informe que será facilitado a las partes y al tribunal que tramitará la demanda en el que se incluirán los acuerdos y las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda a las que se podrá acoger la persona en situación de vulnerabilidad. El acta contará con una vigencia de tres meses.

De esta forma, y según acreditan ambas formaciones en su enmienda, se da respuesta a los “desafíos planteados” por la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, como se hace con la ampliación a los 36 años, incluida en la misma enmienda, de la edad para acceder a una vivienda joven, que “armoniza y coordina la actuación de las administraciones públicas en la materia”, debido a que otras normas reguladoras de ayudas para jóvenes amplían hasta esa edad la categoría de persona joven.

Asimismo, los Grupos Parlamentarios de PP y Vox también incluyeron otra enmienda relativa a vivienda entre su batería para modificar la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, con el objetivo de ampliar el objeto social de Somacyl y extenderlo a los programas y otras formas de fomento de acceso a la vivienda.

Así, PP y Vox plantean modificar el apartado del objeto social de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para incluir entre sus funciones “fomentar, promover, construir, enajenar y arrendar viviendas acogidas a algún régimen de protección pública o incluidas en programas de fomento de acceso a la vivienda”.

Para ello, la enmienda incluye que Somacyl podrá “conceder garantías u otras ayudas que permitan reducir el coste financiero en operaciones de crédito formalizadas con entidades financieras”. De esta forma, según ambos grupos, la Junta “dispondrá de un instrumento para llevar a cabo una política activa de vivienda”, permitiendo extender la política pública de vivienda “de forma notable, especialmente entre los jóvenes”.

La Junta decidirá sobre el Serla

Por otro lado, una enmienda parcial de PP y Vox a la ley de medidas de los presupuestos de la Comunidad facilitará la toma de decisiones de la Administración en los órganos de dirección de las fundaciones públicas, entre ellas el de mediación entre la empresa y el trabajador, el Serla, y eliminará la “unanimidad” en el régimen de adopción de acuerdos para permitir que el Gobierno autonómico pueda ejercer con plenitud su potestad “de autoorganización dentro del sector público”.

Estos cambios afectarán a las 13 fundaciones públicas que en estos momentos tiene Castilla y León, entre ellas, al Serla, donde según el actual reglamento los acuerdos deben adoptarse por unanimidad. De este modo, tras la aprobación de los presupuestos, la Consejería de Industria tendrá la mayoría para desbloquear la actual situación.

Se abre así la puerta para que la Junta pueda desbloquear sus decisiones sobre el Serla. Fuentes de la Consejería de Industria explican que la enmienda busca adecuar el régimen de adopción de acuerdos en fundaciones públicas a la normativa estatal que exige que el poder de decisión quede en manos de la Administración, impidiendo, como señala la normativa de fundaciones, la unanimidad como régimen de adopción de acuerdos y manteniendo la capacidad de auto-organizacion de la Administración”. En este sentido, las mismas fuentes asumieron que “esto puede afectar a la fundación Serla, pero también a otra fundaciones del sector público autonómico en el que no existe un mayor número de miembros en su patronato en representación de la Comunidad”.

PP y Vox también incorporan otra enmienda para fijar un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para la adaptación de los estatutos de las fundaciones públicas a las nuevas disposiciones. Si transcurrido ese plazo no se hubiese aprobado la modificación, se aplicará directamente el régimen previsto de mayoría absoluta para los acuerdos en los temas señalados y de mayoría simple para el resto.

PP y Vox justifican su decisión en una sentencia del Tribunal Constitucional (n.º 120/2011, de 6 de julio), en la que se señala que “la decisión de un ente público de constituir una fundación para el cumplimiento de los fines que le son propios no supone el ejercicio del derecho de fundación reconocido a los particulares en el art. 34.1 CE -se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley- sino el de la potestad de autoorganización que corresponde a las administraciones territoriales”. “ Es decir, nos encontramos ante personificaciones instrumentales con forma fundacional constituidas por la administración para la tutela de los intereses públicos que tiene normativamente encomendados”, prosigue.

Así, PP y Vox inciden en que la Comunidad de Castilla y León “puede legislar los aspectos propios a la composición y adopción de acuerdos de los patronatos de sus fundaciones públicas, en virtud de las competencias previstas en el artículo 70.1, 1.º, 2.º y 18.º y en el artículo 79 de su Estatuto de Autonomía”.

Leyes de Sanidad animal, ordenación farmacéutica y ruido

Por otro lado, la Mesa de las Cortes acordó hoy dejar fuera tres enmiendas de los grupos de PP y Vox en las que se plantean la modificación de las leyes de sanidad animal, ordenación farmacéutica y del ruido entre las presentadas al proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompañan a los presupuestos, de forma que se atiende de manera parcial al recurso de reconsideración de la oposición socialista.

El pasado 5 de abril el Grupo Socialista registró un recurso de reconsideración ante la Mesa de las Cortes para que no se aceptaran 16 enmiendas de PP y Vox al proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas por considerar que se plantea la modificación de 29 leyes y se vulneran derechos ciudadanos en lo que vio “la mayor anomalía legal y presupuestaria” ocurrida en la Cámara.

Tras la reunión de la Mesa, que tomó el acuerdo de inadmitir tres de ellas, y la Junta de Portavoces posterior, el socialista Luis Tudanca calificó de “insuficiente” la decisión de dejar solo fuera esas tres, en concreto la 16, 21 y 29, que corresponden a cambios en las leyes de sanidad animal, ordenación farmacéutica y del ruido.

Tudanca lamentó que el informe jurídico en el que se asienta la inadmisión de los tres textos de ambos socios de gobierno se presentara ante la Mesa sin firmar y que “nadie se haga responsable, lo que empieza a ser habitual”. “No es bueno para la institución ni para la salud democrática que PP y Vox hagan un fraude de ley”, apostilló.

Precisamente, la falta de firma del informe motivó la queja y critica también de los procuradores del Grupo Mixto Francisco Igea y Pablo Fernández, que lo tildaron como “sorprendente y una anomalía”, y del representante de Soria Ya Ángel Ceña, para quien tampoco “se entiende” que no se conozca su autor.

Poco después, el portavoz popular, Raúl de la Hoz, manifestó que el recurso socialista afectaba a trece de sus enmiendas, por lo que diez siguen adelante, y precisó que la inadmisión de tres, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se debe a una discordancia entre el texto presentado y la propia ley.

Sin embargo, en contra de la posición socialista, defendió la práctica de introducir cambios en leyes a través del proyecto de medidas que acompaña al presupuesto y subrayó que en otros ejercicios el propio PSOE registró enmiendas que cambiaban leyes, aunque en este no lo hace pero sí plantea un nuevo impuesto.

En tal sentido, manifestó que en Castilla-La Mancha, con gobierno del PSOE, este año también se han planteado enmiendas que cambian 25 artículos de leyes y crean un nuevo título. “Es nornal”, apostilló en relación a la práctica seguida por PP y Vox en estas cuentas que se encuentran en tramitación en las Cortes.

Por otro lado, argumentó el popular que el informe sin firmar “no es algo extraordinario” porque lleva el membrete de los Servicios Jurídicos de las Cortes y fue defendido en la Mesa por el Letrado Mayor, es decir que está asumido.

En opinión del Grupo Socialista, con estas modificaciones se saltan informes preceptivos como los de los Servicios Jurídicos de la Junta o del Consejo Consultivo, lo que para la oposición supone “hacer trampas” con unos cambios “por la puerta de atrás.

Dimisión de Ana Sánchez

El Grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León registró hoy un escrito en el que insta a la vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Sánchez (PSOE), a presentar la dimisión por amenazas e incluso valora acciones judiciales contra ella por presuntos hechos delictivos como imputar a sus procuradores la posibilidad de estar detrás de cuentas sociales falsas.

En el escrito se indica que, de manera subsidiaria, se convoque en 72 horas la Comisión de Procuradores en el caso de que Sánchez no haga efectiva su salida del cargo, ya que entiende que su actitud es contraria a la representación institucional que ostenta.

También, Vox se ampara en el artículo 99.3 del Reglamento de las Cortes en relación a las sanciones por incumplir deberes de los procuradores. “Cuando de palabra o de obra infringiera ofensas graves a las Cortes o a sus miembros dentro o fuera del recinto parlamentario”, refiere el mismo.

Menéndez, que calificó de “gravísimo” que miembros de Vox como el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, o el mismo tuvieran que salir escoltados por la policía vasca del acto electoral de Vox en Guecho agradeció las muestras de condena de algunos socialistas como Javier Cendón, Nicanor Sen o Ana Redondo, pero lamentó “el silencio” de Luis Tudanca y el tuit de Ana Sánchez que les acusó de “lloriquear”.

Respecto de la vicepresidenta segunda de las Cortes, manifestó que no es la primera vez que les insulta y recordó que les ha calificado de “fascistas y termitas” y de que se les debe echar de las instituciones. “Hace el mismo discurso que los miembros de EH Bildu”, aseveró.

Por otro lado, dudó de la “sinceridad” de Ana Sánchez cuando ayer condenó “todo tipo de violencia” y aseguró que sus manifestaciones no son propias de una persona que representa a una institución, sino que se mueve por su afiliación política.

Respecto de los presuntos hechos delictivos, precisó que se refiere a la imputación a procuradores de Vox de posibles cuentas fake o de esconderse en seudónimos para insultar a la socialista. Además, Menéndez afirmó que van a presentar un escrito a la Delegación del Gobierno para que se les informe de las circunstancias, condiciones y motivos para que se la asignara una escolta a su familia.

También, señaló que pidieron a la Subdelegación del Gobierno escolta para altos cargos de Vox que habían sufrido amenazas de muerte, lo que denunciaron, pero se denegó, por lo que indicó que “llama la atención” la proyección a la familia de la vicepresidenta segunda de las Cortes.

En relación a las diferencias que pueden existir entre los tuit de Ana Sánchez y los de miembros de Vox, como cuando Pollán reposteó un mensaje difamatorio contra Francisco Igea, respondió que las “diferencias son abismales” ya que, en su opinión, la primera les imputa la posible comisión de delitos y el segundo no hizo nada de eso.