La Junta pasa al ataque en defensa de sus competencias

El Gobierno regional se regirá por un nuevo protocolo interno en defensa de sus competencias ante la aprobación por el Gobierno central de normas con rango de ley que puedan invadir sus funciones de autogobierno, en cuyo texto se recogen los pasos y plazos de la negociación con el Estado antes de interponer un recurso de inconstitucionalidad.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, afirmó en la presentación de su programa de legislatura en las Cortes que, hasta ahora, la mayoría de las reuniones de la Subcomisión de Solución de Conflictos se han producido a instancia del Estado, no de la Comunidad, por lo que avanzó que serán «más proactivos». Y advirtió de que dejarán de «jugar a la defensiva» para pasar al ataque en defensa de las competencias estatutarias», informa Ical.

Esa aseveración se materializa ahora en el protocolo de actuación de la Administración Autonómica para la cooperación y entendimiento con el Estado para evitar el litigio constitucional en normas de rango de ley, que se prevé aprobar en breve.

Según recoge el protocolo, si una Consejería ve «motivos fundado» para interponer un recurso contra leyes del Estado que puedan afectar a su marco competencial, podrá constituir un grupo de trabajo que convocará la Dirección General de Relaciones Institucionales para elaborar un informe competencial.

Y en el plazo de diez días, considerará si es aconsejable iniciar la negociación en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma.

En caso de que el Estado acepte la invitación a participar en la negociación, se inicia el procedimiento. De existir acuerdo total o parcial se cierran las discrepancias y, una vez firmado por el consejero de la Presidencia y el titular del ministerio correspondiente, se publica de forma simultánea en el Bocyl y en el BOE.

De no existir acuerdo y decidir la presentación de un recurso por la Comunidad, para lo que existe un plazo de nueve meses desde la publicación de la ley, se recabará la propuesta del consejero competente en la materia, informe jurídico preceptivo que debe emitir en cinco días la Dirección de los Servicios Jurídicos y el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y León, que deberá enviar en diez días a la Junta.

El acuerdo para presentar un recurso se tramitará ante el Consejo de Gobierno antes del vencimiento de los nueve meses previstos. La Dirección General de los Servicios Jurídicos será finalmente la que interponga el recurso contra la ley, disposición o acto con fuerza de ley controvertida mediante escrito en el Registro del Tribunal Constitucional.