Luz verde a la nueva Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario que mejorará la prestación de servicios públicos

El Gobierno que preside Fernández Mañueco en Castilla y León ha dado luz verde este jueves a la nueva Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario (RPTs). Objetivo: mejorar los servicios públicos prestados a los castellanos y leoneses.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presentaba esta RPT que, según decía, "adapta" los puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración General de la Comunidad, a las prioridades del servicio público, pero también alas demandas de la ciudadanía y a la necesidad de promover la ocupación efectiva de los puestos de difícil cobertura en Castilla y León. Gago avanzaba que la entrada en vigor se producirá el 1 de octubre.

La Ley de Función Pública de Castilla y León determina que las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico a través del cual la Administración Autonómica ordena sus recursos humanos para una eficaz prestación del servicio público, y establece los requisitos que deben cumplir los empleados públicos para el desempeño de cada uno de estos puestos de trabajos.

En particular, en las RPTs se determina el número de puestos de trabajo que existen, las características de cada uno de los puestos, el cuerpo o categoría al que debe pertenecer cada empleado público para cada puesto, y sus retribuciones. Dichos puestos se ordenan por consejerías y organismos autónomos, y a su vez se desglosan en servicios centrales y servicios periféricos en las diferentes provincias de la comunidad.

La RPT aprobada hoy por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de la Presidencia engloba a los puestos de trabajo de funcionario de la Administración General de la Comunidad, y afecta a los 11.675 empleados públicos que en la actualidad ocupan uno de estos puestos en los servicios centrales y periféricos de todas las consejerías, además de en los puestos de funcionario de la Administración General en el Ecyl, el Sacyl y la Gerencia de Servicios Sociales.

Características y objetivos

El número de puestos de trabajo de la antigua RPT que ahora se deroga era de 17.792, y el número de puestos que hoy se ha aprobado para la nueva RPT es de 16.304. Se han dado de alta un total de 1.823 nuevos puestos de trabajo, y se han amortizado 3.311.

Esta reducción se debe a tres causas: la búsqueda de la eficiencia, la evolución de la sociedad, y la promoción del acceso al empleo público en la Administración Autonómica.

En primer lugar, se han suprimido aquellos puestos de trabajo que llevan vacantes durante un largo periodo de tiempo o que no se han ocupado nunca.

Por otro lado, se han eliminado puestos que son prescindibles debido a que sus funciones asociadas ya no se acomodan a las necesidades reales del servicio público.

Y, finalmente, se han suprimido puestos que no son atractivos para el empleado público, al tiempo que se han mejorado aquellos puestos que son necesarios para atender el servicio público.

"Con la aprobación de la nueva RPT se pretende atender con mayor eficacia las necesidades del servicio público, en función del volumen de demanda de los ciudadanos", destacaba el consejero.

González Gago, además, aseguraba que se adaptan los nuevos puestos de trabajo a la nueva estructura orgánicade las consejerías y los organismos autónomos, tanto a nivel central como en los servicios periféricos de las provincias (todos aquellos que no están en las capitales de provincia) y ultraperiféricos de la comunidad (en municipios pequeños y lejanos de las capitales de provincia, o en municipios de difícil acceso).

En este sentido, para favorecer su cobertura, estos puestos periféricos y ultraperiféricos tendrán aparejadas unas mejores condiciones retributivas: en particular, se ha mejorado el complemento específico de cada uno de estos puestos en un punto.

El consejero apuntaba que esta novedad no solo será beneficiosa para los empleados públicos que ocupen estos puestos, sino que también los castellanos y leoneses residentes en las zonas periféricas y ultraperiféricas de la comunidad verán mejorado su acceso a los servicios públicos autonómicos, al ser puestos más atractivos que se podrán cubrir más fácilmente.

Además, avanzaba que se abre la posibilidad, en caso de que estos puestos queden sin cubrir, de que puedan ser provistos con funcionarios de otras administraciones públicas, ya sean ayuntamientos o comunidades autónomas limítrofes.

En total, el porcentaje de puestos abiertos a otras administraciones públicas es de un 8,15 por ciento, cumpliendo con lo acordado en los convenios firmados con dichas administraciones. Ello se debe a la gran extensión territorial de Castilla y León, y también al elevado número de comunidades autónomas con las que compartimos límites territoriales, que también pueden ayudar a cubrir estos puestos ultraperiféricos.

Por otro lado, el consejero afirmaba que con esta nueva RPT se busca homologar los puestos de trabajo, de manera que se evite la disparidad de tipos de puestos para idénticas funciones. Esta homologación supone la mejora retributiva de 10.706 puestos de trabajo, es decir, un 66 por ciento del total, que verán incrementado su complemento de destino y/o su complemento específico. También se van a mejorar las condiciones de teletrabajo, para hacer esta modalidad más atractiva para los empleados públicos y avanzar en la conciliación con la vida familiar.

La mejora en las condiciones de los puestos de trabajo aprobados hoy supondrá también una mayor inversión económica de la Junta de Castilla y León.

El cálculo de los costes de las RPTs se realiza desde un punto de vista teórico, considerando el resultado final si todos los puestos de trabajo fuesen cubiertos por funcionarios públicos, y sin tener en cuenta los diferentes complementos retributivos personales asociados a cada funcionario (antigüedad, carrera horizontal, gratificaciones extraordinarias o complemento de jornada dedicación especial). De esta forma, el coste teórico anual de la RPT que ahora se deroga era de 698,4 millones de euros al año, mientras que el de la RPT que hoy se aprueba será de casi 701,8 millones de euros al año.

Por último, dentro de estas RPTs es destacable la reducción de puestos provistos a través de concurso específico: en la anterior RPT había 1.366 (un 8,25% de todos los puestos de concurso), y en la nueva hay 726 (un 4,81%). Es decir, 640 puestos menos. Además, en el apartado de puestos a cubrir por libre designación, se pasa de 419 puestos (un 2,35% del total) a 369 (un 2,26%), es decir, 50 puestos menos.

Críticas del PSOE

El PSOE ha denunciado la "debilidad" de la función pública en Castilla y León fruto de los años de recortes y ha advertido de que la nueva Relación de Puestos de Trabajo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta "no gusta a casi nadie".

"Se amortizan nada menos que 3.311 puestos de trabajo repartidos entre todas las consejerías y esto es porque al señor Mañueco parece que no considera necesario tener más personal", denuncia la procuradora socialista Yolanda Sacristán, quien lamenta que no sólo se amortizan las plazas de persona, sino que no se cubren las bajas ni las jubilaciones.

La procuradora critica la "parálisis" de los servicios públicos de la Comunidad por "los recortes, privatizaciones, adelgazamiento de la administración y falta de reposición de efectivos que ha supuesto un incremento de la carga de trabajo del personal”, que arrastra la administración autonómica desde 2008.

En concreto, apunta a los riesgos que supone esta falta de personal en la prestación de servicios básicos como la atención sanitaria, especialmente en época estival y en el medio rural, y subraya que "los cambios laborales y económicos son más necesarios que nunca para frenar ese déficit de sanitarios".

"Las condiciones tanto laborales como económicas de los profesionales de la sanidad son de las peores del país", se queja,

La parlamentaria incide en que, de no ofertar nuevas plazas, el 45 por ciento de los empleados se jubilarán en los próximos 15 años y critica que la nueva Ley de Función Pública siga pendiente de aprobación.

Evolución temporal de la RPT de funcionarios

La RPT que ha estado en vigor hasta hoy deviene de la anulación efectuada por diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pronunciadas contra las diferentes RPTs que se han intentado aprobar, a causa de la aplicación de un instrumento jurídico específico conocido como el catálogo de puestos tipo, cuyo objetivo era el de homogeneizar las características de las plazas similares en el conjunto de todas las consejerías y organismos autónomos.

La anulación de este catálogo por sentencia del TSJ impidió sacar adelante dichas RPTs en dos ocasiones: la primera, en 2018, cuando el Tribunal consideró que dicho catálogo tendría que haber sido aprobado mediante una norma con rango de decreto, en lugar de por Acuerdo; y la segunda, en 2019, por un defecto formal producido por la ausencia de informe del Consejo Consultivo al Decreto por el que se aprobaba el catálogo de puestos tipo.

A causa de estas dos sentencias judiciales, en 2020 se procedió a modificar la Ley de la Función Pública de Castilla y León mediante decreto-ley, con la finalidad de derogar la existencia del instrumento jurídico del catálogo de puestos tipo. En consecuencia, las RPTs aprobadas hoy garantizan seguridad jurídica a todos los empleados públicos afectados, al mismo tiempo que adaptan, tras años de procedimiento administrativo y de negociación con los representantes sindicales, las prioridades del servicio público a las demandas de la ciudadanía, lo cual era, y seguirá siendo, una auténtica prioridad de esta Administración.