Fundación Aldaba Proyecto Hombre y Plena inclusión Castilla y León firmaron un convenio de colaboración con dos líneas claras de actuación: abordar la prevención y el tratamiento de adicciones en personas con discapacidad intelectual y sensibilizar y formar a los profesionales especializados en prevención de adicciones para que puedan apoyar a las personas con discapacidad intelectual de forma efectiva, según trasladaron en un comunicado recogido por Ical.

Esta alianza responde a una “preocupación creciente” en el sector ya que, aunque se detectan casos de forma regular en los centros y en formaciones y charlas, la falta de datos dificulta conocer la verdadera dimensión del problema.

A lo largo de los últimos años, Plena inclusión Castilla y León ha trabajado en esta materia, adaptando materiales a lectura fácil y formando a profesionales para facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a programas de prevención y tratamiento de adicciones.

En esta línea, existen guías en lectura fácil sobre el consumo de alcohol, tabaco y cannabis que tiene editadas la Junta de Castilla y León. Sin embargo, los recursos existentes aún presentan barreras que impiden una atención adecuada y, con este convenio, se prevé dar un paso cualitativo de la mano de ambas instituciones con el fin de continuar fortaleciendo y profesionalizando la atención a las personas con discapacidad intelectual que tengan adicciones.

En esta línea, Fundación Aldaba Proyecto Hombre pilotó el programa de prevención adaptado a estas personas de la mano de la Junta de Castilla y León y pretende continuar desarrollando buenas prácticas, tanto de prevención como de tratamiento, de adicciones con o sin sustancia, y la formación de profesionales.

En este sentido identifican áreas de trabajo vinculadas con las familias, el manejo adecuado de pantallas, la perspectiva de género y la violencia, los espacios residenciales de transición a la vida adulta y posibles personas con la doble vulnerabilidad (discapacidad intelectual y consumos de drogas) con medidas judiciales o en centros penitenciarios.

Gracias a este convenio, ambas entidades impulsarán actividades conjuntas de formación para profesionales y organizaciones, así como acciones de sensibilización para eliminar barreras sociales y fomentar un mejor conocimiento sobre la relación entre discapacidad intelectual y adicciones. Además, se llevará a cabo un estudio que permitirá recopilar datos específicos sobre la situación de las adicciones en este colectivo, dando un paso fundamental hacia una intervención más eficaz y adaptada.