Los sindicatos arrancan la negociación de las 35 horas exigiendo la vuelta a la situación de 2012

Sindicatos y Junta de Castilla y León arrancaron este miércoles 15 de marzo la negociación de la aplicación de las 35 horas, medida que, según anunció el pasado mes de febrero el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de junio. En la primera toma de contacto tanto CSIF, como UGT y CCOO exigieron a la Administración autonómica el cumplimiento de la situación que existía antes del recorte en 2012, así como el mantenimiento de los derechos adquiridos en los últimos años como la flexibilidad o las horas compensatorias en el caso de los docentes.

Representantes sindicales se reunieron este miércoles 15 de marzo con viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, Indalecio Escudero, y con el director general de función pública, Francisco Raedo. Para la jornada de este miércoles 15 de marzo también están previstas las reuniones de tres mesas sectoriales, previas a la reunión de la Mesa general de negociación de los empleados públicos prevista para el próximo viernes.

Tanto el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, como el secretario general de la FeSP de UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, y la secretaria del Área Pública de CCOO, advirtieron que no están dispuestos a llegar a cualquier tipo de acuerdo por el mero hecho de alcanzar las 35 horas y aseguraron que estarán vigilantes al incremento de contrataciones ya que nos están dispuestos a “trabajar más en menos tiempo”).

Benjamín Castro aseguró que desde CSIF se reivindica volver al estatus que los empleados públicos tenían en 2012, “sin trampas ni sorpresas”, y advirtió que estarán muy vigilantes a la hora de la contratación para el refuerzo de las plantillas. Castró, que resaltó que CSIF llega a la negociación con una actitud constructiva y con el objetivo de alcanzar un acuerdo real, “adecuado para los funcionarios y con seguridad jurídica”.

Asimismo, indicó que en los primeros borradores de la Junta aparecen puntos de desacuerdo y lamentó que “parecen olvidarse” de las horas compensatorias en educación, o de la flexibilidad horaria lograda en la Administración General, además de criticar que pretendan que los sábados sea jornada ordinaria en sanidad.

Por su parte, Tomás Pérez destacó que lo más importante de esta negociación es que aplicación de las 35 horas se regulará mediante un decreto ley, por lo que ya no se volverá a la situación de 2019, cuando después de firmar un acuerdo, no se aplicó. Además, el representante de UGT recalcó que las 35 horas no es un derecho nuevo, “estamos ante la devolución de un derecho que se nos quitó de forma unilateral”.

También advirtió que UGT solo dará el visto bueno al acuerdo “si vuelve igual o mejor de lo que estaba antes” y reclamó que debe haber una contratación importante en sanidad y en servicios sociales. A su vez, Tomás Pérez, argumentó que la Junta debería ser “generosa y compensar” a sus sus empleados públicos, dado que las 35 horas fueron suprimidas de un plumazo en 2012 y desde entonces la Administración autonómica “ha estado ahorrando a costa del trabajo de los empleados públicos”, con una crisis sanitaria de por medio. “En doce años Europa ha avanzado y la sociedad ha cambiado, por lo que, como mínimo, queremos lo mismo”, aseveró.

Por último, Ana Fernández indicó que espera que en las distintas mesas sectoriales se produzca una negociación real del acuerdo, “dado que el principal defensor de las 35 horas está siendo el propio presidente de la Junta”. Además, explicó que si las 35 horas parten del acuerdo alcanzado en 2019, su aplicación debe producirse mediante un acuerdo, y recalcó que el objetivo de CCOO es volver a la situación anterior al recorte, pero respetando las mejores que se han logrado en los últimos años.

Fernández también explicó que “desde CCOO vamos a negociar hasta el último minuto”, pero aseguró que “no vamos a firmar un acuerdo en el que todo valga por el simple hecho de tener una jornada de 35 horas”. También advirtió que estarán muy vigilantes en lo relativo a la creación de empleo, “exigiendo las ratios correspondientes y la memoria económica”.

Por último, la dirigente de Comisiones Obreras, aunque reconoció que la pandemia provocó numerosos cambios, también en el ámbito laboral, recalcó que el retraso en la aplicación de las 35 horas a los empleados públicos solo se ha debido a una falta de voluntad política.