Los contratos por la prestación del servicio de ayuda a domicilio por parte de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León vigentes en el ejercicio 2022 tuvieron un valor estimado de 290 millones de euros.

Así lo refleja el informe presentado esta tarde por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en su quinta comparecencia en lo que va de año en el Parlamento autonómico. Los contratos objeto de la fiscalización tuvieron una duración de dos años, susceptibles de prórroga, y en algunos casos (Burgos, León, Palencia y Segovia) se han efectuado ya nuevas contrataciones.

El servicio de ayuda a domicilio se enmarca en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, que reúne el conjunto de recursos, programas, prestaciones y demás actuaciones, de titularidad pública o privada, en materia de servicios sociales. Así, son competentes en esta los municipios con más de 20.000 habitantes y las Provincias, que ejercen sus competencias en los de población igual o inferior a 20.000 habitantes, sin perjuicio de las atribuidas al resto de entidades locales o a las comarcas, en su caso.

Se trata, según significó Amilivia, de uno de los servicios más importantes de los que impulsan las instituciones provinciales en la Comunidad. La financiación de estas prestaciones puede ser compartida entre la Administración de la Comunidad y las entidades competentes, correspondiendo a la Junta la financiación para atender el 90% de los módulos establecidos para los gestos derivados de estas ayudas a domicilio.

Entrando en el informe, este anota que la media de los precios de adjudicación de los contratos objeto de la fiscalización ascendió a 17 euros sin IVA la hora ordinaria de servicios, y los mayores correspondieron a los contratos de las diputaciones de Palencia (18,39 €) y de Salamanca (18,95 €). Por su parte, los precios menores los obtuvo la de León en sus dos lotes, que ascendieron a 16,06 y 15,98 euros.

El informe pone de manifiesto que existe una relación entre las bajas obtenidas y los presupuestos de licitación. Así, los dos mayores porcentajes de baja (en las diputaciones de Palencia y Zamora) se corresponden con dos de los tres presupuestos de licitación más altos, lo que denota que en su cálculo pudo haberse producido una sobrevaloración.

La Diputación salmantina fijó el presupuesto de licitación en 19 euros la hora de servicios -el segundo más alto- pero obtuvo una baja muy poco significativa de apenas el 0,26%, dando lugar a la adjudicación con el precio más alto de todos los contratos.

El informe recoge también que, pese a tratarse de una prestación cuyo contenido esencial está normalizado y debería prestarse por igual en toda la Comunidad, se detectaron diferencias en los servicios que reciben los usuarios y en los costes para las administraciones públicas según la provincia de que se trate.

En esta línea, Amilivia subrayó que las instituciones que obtuvieron los precios más bajos fueron las que incluyeron en sus pliegos exclusivamente criterios de adjudicación automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas, en los que la oferta económica suponía sobre el 50% de la puntuación total y las mejoras el otro 50%, como sucede en los casos de León y Zamora.

Por el contrario, los precios más altos fueron para las que dieron mayor importancia a criterios evaluables mediante juicios de valor. Así, la de Palencia, con un peso del 43% del total de los puntos, y la de Salamanca, con un 40%, adjudicaron sus contratos con los dos precios más altos. Estas ponderaron las mejoras únicamente con el 8% y el 12% del total de los criterios de adjudicación, respectivamente.

La opinión del Consejo. En opinión del Consejo de Cuentas, las diputaciones de Castilla y León cumplen razonablemente con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el ejercicio 2022, salvo por distintas salvedades.

La primera de estas es el incumplimiento del artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público, al no remitir las de Ávila y Salamanca el documento de formalización del contrato de servicios de ayuda domiciliaria y el extracto del expediente a la Plataforma de rendición de cuentas; o realizar otras 5 -las de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora- dicha obligación con un notable retraso.

La segunda se refiere a que las de Ávila, Burgos y Salamanca utilizaron una fórmula matemática para la valoración de la oferta económica susceptible de otorgar puntos a las ofertas que se limitan a igualar el presupuesto de licitación. Además, la fórmula utilizada por las de Ávila, Palencia, y Valladolid fue de escaso recorrido quedando todas las puntuaciones agrupadas en un pequeño tramo del intervalo de puntos previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares para este criterio, lo que distorsiona la ponderación que el pliego atribuye a este criterio de adjudicación.

La tercera salvedad subraya que en la ejecución del contrato se realizaron incrementos indebidos del precio por hora de prestación de servicios en la Diputación de Valladolid y que, además, las de Segovia y Zamora no procedieron al reajuste de la garantía, como consecuencia del incremento del importe asignado al contrato.

Consecuencia de todo ello, apuntó Amilivia, el Consejo realizó doce recomendaciones, 7 de las cuales afectan específicamente a la Diputación salmantina; 6 a la de Zamora; 5 a las de Ávila y León; 4 a las de Burgos, Palencia y Valladolid; 3 a la de Segovia y 2 a la de Soria. Además, con carácter general se realizaron las siguientes recomendaciones al conjunto de estas instituciones.

Primero, que todas deben comunicar a la Plataforma de rendición de cuentas la formalización de las modificaciones de los contratos de servicios de ayuda a domicilio.

En segundo término, que deben evitar la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas de criterios de adjudicación no selectivos de la oferta más ventajosa, en los que todos los licitadores obtienen la máxima puntuación, siendo esta circunstancia previsible por los órganos de contratación, produciéndose una distorsión de la importancia real del baremo previsto en los propios pliegos.

En tercer lugar, para obtener las adjudicaciones más ventajosas desde el punto de vista económico se anota que las diputaciones deberían incluir en sus pliegos exclusivamente criterios de adjudicación automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas, en los que la oferta económica y las mejoras atribuyan la mayor parte de los puntos, limitando, salvo causa justificada, los criterios de adjudicación mediante juicios de valor, por tratarse de una prestación cuyo contenido principal está uniformado por la normativa.

Finalmente, que deberían establecer mecanismos de coordinación a fin de adoptar un procedimiento para la adjudicación de este tipo de contratos de forma uniforme en toda la Comunidad, desde un punto de vista común de los servicios recibidos y de sus precios. Cumpliéndose así con los principios de eficacia, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de los principios de economía y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Mediante esta auditoría se verificaron las prescripciones que rigen la contratación administrativa en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y del resto de la normativa aplicable.

Las diputaciones, con carácter general, cumplieron con la obligación de remitir a la Plataforma de Rendición de Cuentas (en los 2 meses siguientes al ejercicio de referencia) las relaciones certificadas que comprenden la prestación de estos contratos. Algunas lo hicieron con retrasos (Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora) y otras tramitaron modificaciones contractuales que no fueron comunicadas a la Plataforma (las de Salamanca, Segovia y Zamora).

Sobre la publicidad de los contratos, las instituciones cumplieron en términos generales con las obligaciones legales. En cuanto a la formalización, no se detectaron incidencias y respecto a la ejecución, con carácter general, consta la recepción de los servicios adjudicados y su facturación y pago conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas y en el propio contrato.

64 comparecencias en lo que va de mandato y más de 300 informes aprobados. Hasta la fecha, durante el actual mandato del Consejo de Cuentas, son 64 las comparecencias celebradas en la Comisión de Economía y Hacienda, con 138 informes de los 291 presentados por el órgano fiscalizador autonómico en toda su serie histórica, es decir, el 47% del total.

Tras la presente sesión quedan 11 auditorías a la espera de ser presentadas. Siete de ellas fueron aprobadas en el último trimestre de 2024 y otras cuatro corresponden ya al presente ejercicio, habiéndose superado recientemente la cifra de 300 fiscalizaciones en toda la serie histórica del Consejo de Cuentas. En estos momentos, la actividad de la institución comprende 58 trabajos en diferentes fases de tramitación.