“La vía unilateral sin apoyo y con una sociedad dividida es un suicidio”

El ex letrado mayor del Parlament Antoni Bayona (Sabadell, 1954) fue testigo directo de los momentos más convulsos del “procés” entre septiembre y octubre de 2017. Con la perspectiva que dan prácticamente tres años, Bayona, que sigue trabajando en los servicios jurídicos de la cámara catalana, expone en el libro “Sobrevivir al procés” (Península) un balance y sus propuestas para dar salida a la crisis política catalana.

¿En qué momento situaría ahora mismo al “procés” tras la crisis del coronavirus? ¿Cree que la emergencia sanitaria puede acentuar el declive de los últimos meses?

Es muy incierto. Creo que el “procés” está en una fase larvada, entre paréntesis, por el coronavirus, pero probablemente vuelva a aflorar cuando se convoquen las elecciones. En esas elecciones veremos qué vota la ciudadanía y qué reflexión hace sobre el futuro, aunque no creo que el sentimiento del independentismo haya cambiado radicalmente estos meses.

En el libro critica a una parte del independentismo de base por la ausencia de “crítica” con sus líderes. ¿Cómo se cambia esta situación?

Creo que el fracaso de la vía unilateral ha quedado tapado para mucha gente por la excesiva reacción del Estado. Eso ha evitado que se haya podido exigir responsabilidades, porque la gente ha considerado a muchos de los líderes como mártires. Habrá que ver si la gente hace una reflexión más serena cuando tenga la oportunidad de expresar su voluntad en las urnas.

¿Cree que hay margen suficiente para ello en las próximas elecciones o requerirá de más tiempo?

Es una buena incógnita. Creo que quizás puede requerir un poco más de tiempo todavía porque hay políticos independentistas en prisión. Otra circunstancia que puede inflamar de nuevo la situación es si se inhabilita al president Torra.

Responsabiliza bastante más al Estado que al independentismo.

A ambos. Cuando hay una parte importante de la ciudadanía que está a favor de la independencia, el Estado tiene un problema grave porque una parte de los catalanes ya ha desconectado. Se produce una crisis de consentimiento o aceptación de las instituciones del Estado y la Constitución. Si, además, se inflama a través de una reacción desproporcionada del Estado, la situación empeora.

Usted plantea la recuperación de la parte del Estatuto de 2006 recortada por el Tribunal Constitucional. ¿Cree que puede ser suficiente para que esa parte del independentismo reconecte?

Planteo esto, pero también digo otra cosa: llegados al punto en el que estamos de un alejamiento tan grande, para intentar conciliar creo que hace falta unos elementos simbólicos y otros más reales. Por un lado, en el ámbito simbólico, creo que de una vez debería de haber un mutuo reconocimiento de realidades nacionales, que esto tendría que ir ligado a dar salida al ejercicio del derecho a decidir. Por otro lado, habría que poner en marcha medidas concretas que, teniendo en cuenta que tenemos unos marcos constitucionales y legales que lo permiten, puedan revertir situaciones que han ido en perjuicio del autogobierno y ampliarlo.

¿Recuperando el Estatuto de 2006?

Yo apunto a esta vía. Aquí hay que tener en cuenta en que el argumento principal sobre los artículos anulados no era tanto que eran inconstitucionales, sino que lo era el hecho de estar recogidos en un estatuto. Eso significa que, con una Ley orgánica del Estado, por ejemplo, se podrían mejorar cuestiones que han quedado inactivas, como la financiación. Estamos en un estado plurinacional y eso debe tener unas consecuencias, tanto a nivel de reconocimiento como de medidas para fortalecer el autogobierno. Hemos llegado a un punto en que, si no se toman medidas más de fondo y el estado no se da cuenta de esto, será muy difícil evitar que este divorcio sea definitivo.

¿Con estas medidas se puede desactivar el “procés”?

A mí me hacía gracia una frase de López Burniol en la que decía que “al final los catalanes quieren un poco de conflicto y un poco de independencia”. Venía a decir que, si tienen delante suyo una oferta buena e importante, el sentido pragmático se puede imponer. Esta posibilidad está, pero ahora esta oferta no puede ser cualquiera. Yo creo que también cuando hay una demanda de una consulta, un estado democrático tiene que encontrar alguna salida con fórmulas que concilien democracia y legalidad. Si el Estado no entra en estos temas, será difícil. Otra posibilidad es que, con el tiempo y a base de frustración, el “procés” quizás vaya bajando.

¿Y ve factible alguna salida ahora con los líderes políticos actuales?

Lo veo complicado, aunque también es verdad que los dos principales partidos del independentismo son diferentes. JxCat parece que se mueve cómodo en el conflicto, que yo creo que es una vía que lleva a la frustración y a la larga a la irrelevancia política porque cuando estás en situación permanente de conflicto y no puedes ganar este conflicto siempre sales perdedor. Con luces y sombras, Esquerra parece que está en lógica de encontrar vías pragmáticas.

Del lado de Madrid también es verdad que no se me ocurre otro gobierno más favorable a encontrar soluciones. Es lo que tenemos, pero dentro de todo, no tenemos el escenario peor. Aunque muy optimista tampoco soy, porque también lo que haría falta es tomar unas decisiones que creo que son difíciles de asumir por parte del Estado y por una parte del independentismo, que lo vería insuficiente.

Ante esta realidad, ¿el “procés” cree era la única manera que tiene el independentismo para forzar una negociación?

Es verdad que es muy difícil negociar con España porque tiene unos tics que lo hacen muy diferente de otras democracias más pragmáticas, pero creo que hubo una precipitación y mala gestión en el independentismo optando por la unilateralidad sin tener más paciencia y perseverancia. El requisito indispensable para la vía unilateral es que tengas un apoyo social impresionante. Si no la tienes y tienes a la sociedad dividida, es un suicidio. Soy consciente de que al final no se puede renunciar del todo a la unilateralidad porque los grandes cambios sociales se han producido con la ruptura del sistema, pero ha habido una fuerza. Si no tienes fuerza social interna y te enfrentas a un estado más fuerte y a una comunidad internacional que tampoco ve que pase nada grave ahí, lo tienes muy difícil.

Alude en el libro a las bondades de la Constitución, aunque también a sus limitaciones para reformarse.

La Constitución es difícil de reformar en buena parte porque se quiso buscar un sistema que lo dificultara porque veníamos del franquismo. Ante esta rigidez, la alternativa para que evolucione es un Tribunal Constitucional que haga una interpretación adaptada a las nuevas circunstancias sociales. Sin embargo, el TC tiene una doctrina muy cerrada y poca evolutiva sobre esta cuestión. De otro lado, también es verdad que, si analizamos nuestra Constitución en el ámbito de la organización territorial y la comparamos con otros modelos federales, podemos darnos cuenta que el nuestro es más flexible y abierto que los otros.

Lo que significa que hay un espacio político para encontrar resultados diferentes. Por ejemplo, diferencias en el ámbito competencias y de financiación entre autonomías. Pero ahora está la presión del principio de igualdad y de que si todas las autonomías no son iguales, hay privilegios. Para mí eso es falso. Las diferencias, cuando están justificadas, no significan privilegios.

En este sentido, apunta a la posibilidad de un referéndum consultivo.

En esto el TC tiene una doctrina muy taxativa: no se puede preguntar nada que dé una respuesta que pueda ser contraria a la Constitución. Creo que esta doctrina es muy rígida y podría tener excepciones. Pero, en este momento, un referéndum indirecto con una pregunta en que no aluda explícitamente a la independencia, sino que consulte a la gente si estaría de acuerdo en promover una reforma constitucional que reconozca el derecho a decidir la independencia, no iría en contra de la doctrina del TC. El resultado de una consulta así sería relevante porque se podría leer claramente cuánta gente está a favor de la independencia y políticamente se pueden tomar decisiones.

Finalmente, en el libro viene a decir que la aplicación del 155 es prudente y tardía.

Una vez aprobadas las leyes de desconexión -6 y 7 de septiembre de 2017-, objetivamente se daban las circunstancias para aplicar el 155. Visto con perspectiva, cuando después se aplicó en circunstancias más difíciles -tras la DUI del 27 de octubre-, no hubo mucho problema en que el 155 fuese aceptado. Defiendo que el 155 hubiera evitado muchas cosas. Incluso, a veces soy mal pensado, porque los dos hechos que marcan la condena por sedición no se habrían dado casi seguro con el 155, ya que uno es el 20 de septiembre con los registros en la consellería de Economía y otro es el 1-O. ¿No se dejó que ocurrieran estos hechos para después calificar penalmente algo que en aquel momento no tenía otra consecuencia?