Colau desata una tormenta política en Barcelona por encarecer el recibo del agua

Cuando aterrizó en la alcaldía de Barcelona en 2015, Ada Colau llegó con la promesa de remunicipalizar el servicio del agua con el ánimo de abaratar el precio. Sin embargo, como tantas otras promesas estrella, se dio de bruces con la realidad y no consiguió materializarla por falta de apoyo. Cinco años después, no solo no ha conseguido rebajar la factura del agua, sino que ha aumentado sustancialmente por la inclusión de una nueva tasa de recogida de residuos, que ha desatado el malestar entre los vecinos y una bronca política.

La última factura del agua en Barcelona -se cobra cada dos meses- ha incluido tres tasas, dos de las cuales duplicadas: la nueva tasa de recogida de residuos que ha aplicado el Ayuntamiento de Barcelona -aprobada en febrero- y la tasa de tratamiento de residuos que ya aplicaba el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La tercera tasa corresponde al alcantarillado -además, del IVA (impuesto del Estado) y el canon del agua (impuesto de la Generalitat)-. Con este nuevo coste, el precio del recibo se ha disparado: tal y como ha denunciado el concejal del PP en Barcelona, Óscar Ramírez, en más de 20 euros. Los populares han pedido explicaciones a Colau a través de una moción y han reclamado que la aplicación de la nueva tasa se retrase a diciembre de 2021 para aliviar a los vecinos, afectados por los efectos económicos y sociales de la crisis del coronavirus.

Ramírez, que recrimina que los barceloneses estén “doblemente” castigados por las dos tasas de residuos, reprocha que haya entrado en vigor el aumento de los impuestos en plena crisis del coronavirus, ya que representan ahora un 70 por ciento de la factura del agua. Además de la aplicación de la nueva tasa, también se ha incrementado un 83 por ciento la tasa del alcantarillado y un 5 por ciento la tasa del AMB.

Eva Parera (Barcelona pel Canvi) ha recordado que su grupo ya denunció en su día que la nueva tasa “no estaba nada trabajada” y ha considerado lógico que si suben los impuestos se encarezca el recibo pese a que Colau defienda lo contrario, mientras que Luz Guilarte (Ciudadanos) ha anunciado que volverá a presentar una proposición para que la aplicación de la tasa sea aplazada y espera que, a diferencia de junio cuando ya la planteó, prospere y todos los grupos la apoyen.

También Elsa Artadi (JxCat) se ha mostrado muy crítica con la inclusión de la nueva tasa y ha asegurado que no dejarán de “luchar” hasta que se retire y deje de “empobrecer a las familias”. Esquerra, por su parte, reclama que renuncia a la recaudación de la tasa anterior al mes de julio.

Si bien, la alcaldesa de Barcelona, lejos de asumir responsabilidades, ha echado balones de fuera y ha resucitado su enfrentamiento con Agbar -la compañía encargada del suministro del agua en Barcelona- para responsabilizarle del aumento del precio del agua. El concejal del Ayuntamiento, Jordi Martí, lo atribuyó a un “error” de la compañía suministradora en el cálculo: según su versión, como el 60 por ciento de los contadores son manuales -es decir, la lectura debe ser presencial (mientras que el otro 40 por ciento son telemáticos)-, la empresa hizo una estimación durante los meses del confinamiento y ahora, en la última factura -del 6 de mayo al 7 de julio-, ha cargado el agua consumida de más. Un argumento que se ha cuestionado también por los vecinos ya que hay usuarios con contador telemático que también han sufrido los mismos problemas. Además, Martí apuntó que la nueva tasa tan solo debería supone un aumento de entre 4,5 y 8,5 euros en la mayoría de situaciones.

Sin embargo, Agbar negó con rotundidad que fuera un “error” imputable a sus cálculos y lo atribuyó el incremento a la nueva tasa, algo que, advirtió, “se hará evidente en las próximas facturas”. De hecho, en un comunicado, defendió que siguió el método regulado en el Reglamento de Servicio metropolitano del ciclo integral del agua: “Cualquier cambio o nuevo método que se quiera aplicar de forma generalizada necesitaría una modificación del reglamento, que deberá aprobar el propio regulador, que es quien tiene la competencia”.