Cataluña: destino forzoso

Tribuna del Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura de Cataluña

Este mes se cumplen diez años desde que ingresé como alumno en la Escuela Judicial. Para los que no lo sepan, la Escuela Judicial está en Barcelona, lo que implica que todos los jueces tengamos una vinculación especial con la capital catalana. En mi caso dicha vinculación fue clave para que, años después, escogiera como destino Cataluña frente a otros juzgados dispersados por la geografía española. Remarco que fue una preferencia, al tener la posibilidad de elegir, a diferencia de la inmensa mayoría de los jueces de la última promoción, a quienes se les ha hurtado dicha opción: el 90% de las plazas que se les han ofertado (56 de 62) están en Cataluña.

El dato es abrumador y no admite dobles lecturas, el grueso de los juzgados desiertos –los ofrecidos a los nuevos jueces y que no han sido cubiertos en concurso ordinario– de toda España está en Cataluña, y si no fuera por destino forzoso, salvo raras excepciones, dichas plazas no se cubrirían de otra manera. Sería un ejercicio interesante comprobar cuántos de los nuevos jueces permanecen en Cataluña una vez agotado el periodo de permanencia obligatorio de un año. En los siete años que llevo ejerciendo en esta comunidad he tenido que despedir a muchos compañeros y amigos, algunos de los cuales tuvieron incluso que renunciar a planes de vida proyectados aquí. En cambio en Cantabria, mi otro destino profesional, solo asistí a una despedida, la que me hicieron mis compañeros cuando me fui de allí.

Estos números son la constatación de un problema endémico en Cataluña –la falta de jueces– que ha terminado por desbordarse con la explosión de la deriva nacionalista de los últimos años. Es obligación del Estado detectar los problemas y solucionarlos, no solo porque la justicia sea un pilar básico para el normal funcionamiento del mismo y garantía de la salud democrática de toda sociedad, sino también porque el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental garantizado por la Constitución. Que algunos ciudadanos catalanes probablemente vean afectado este derecho, como sucede a día de hoy en Santa Coloma de Farners donde los cuatro juzgados existentes están vacantes, es inaceptable. La judicatura merece un plan y la ciudadanía una respuesta que vayan más allá de soluciones improvisadas que pudieran abrigar sospechas de falta de planificación.

Mientras el Estado reflexiona sobra la pertinencia o no de solventar dicho problema, como juez destinado en Cataluña celebraré la llegada de nuevos compañeros, a los que deseo la mayor de las fortunas en su camino profesional, confiando en que esa alegría sea tan duradera como permitan las circunstancias. Bienvenidos.