La Taula del Tercer Sector alerta que la COVID-19 está potenciando las situaciones de irregularidad sobrevenida

En Cataluña viven más de un millón de personas migradas, de las cuales se estima que en torno a 100.000 están en situación administrativa irregular, lo cual, tal y como denuncian las entidades de la Taula del Tercer Sector Social a través del informe ‘Fronteras de Papel: la irregularidad administrativa y la invisibilidad de las personas’, las convierte en personas especialmente vulnerables, una condición que se ha visto agravada con la pandemia.

Tal y como pone de relieve el documento, esa vulnerabilidad es claramente visible en lo que se refiere a la tasa de riesgo de pobreza, que entre las personas migradas (50%) es casi 4 veces mayor que entre las personas de nacionalidad española (13%), y en lo que se refiere al ámbito laboral. En este sentido, en los últimos cinco años, la población extranjera ha registrado una tasa de paro (23%) de más del doble que la de nacionalidad española (10%) y en cuanto a la precariedad laboral, la tasa de riesgo de pobreza en el trabajo alcanza hasta casi el 40% entre la población inmigrada, que sigue siendo la que trabaja en los sectores más precarizados y empleos con menor status, lo que implica ingresos más bajos e inestabilidad,

Todo ello además va acompañado de un riesgo más elevado de las personas de nacionalidad extracomunitaria de caer en la exclusión social, que se sitúa ya en el 46% de la población extranjera por el 15% de la de nacionalidad española. Ello se traduce en una exclusión residencial, que afecta al 60% de los extranjeros no comunitarios por el 21% de los españoles o comunitarios; en la salud y la cobertura sanitaria, con un porcentaje que entre la población extranjera no comunitaria alcanza el 27% mientras que en la española o comunitaria es del 17%; en la educación, que afecta al 27% y al 3%, respectivamente; y en la política, como demuestra que el 54% de los extranjeros no comunitarios no tiene derecho a voto en las elecciones locales.

Y esta situación se ha visto agravada con la pandemia, puesto que quienes trabajaban de forma informal se han quedado ahora totalmente desprotegidas ya que no tienen derecho al paro, no se pueden acoger a un ERTO y tampoco tienen la posibilidad de acceder a la renta garantizada de ciudadanía o al ingreso mínimo vital. Así pues, muchas de estas personas en situación administrativa irregular, que ya contaban con pocos o escasos ahorros, se han quedado sin ingresos y sin la posibilidad de acceder a prestaciones de urgencia, pero además, en algunos casos, el contexto de la pandemia ha supuesto para ellas la paralización de trámites administrativos esenciales, tales como la obtención de la primera autorización de residencia y de trabajo por arraigo o su renovación- ya que al perder su empleo han dejado de cumplir con los requisitos- la solicitud de protección internacional o la emisión de tarjetas de identificación de extranjero.

En este contexto, a través del informe, el último del ciclo ‘Cataluña Social’, el sector social reclama a las administraciones una serie de medidas destinadas a proteger y mejorar la vida de este colectivo, que al llegar a Cataluña ha de hacer frente a un sinfín de obstáculos de cara a intentar regulariza su situación. Y es que, en muchos casos, conseguir una vivienda digna es un verdadero reto, bien sea por el elevado precio de los alquileres o por la imposibilidad de presentar una nómina como garantía tal y como exigen muchos arrendadores; los trámites de regularización, ya sea por arraigo como por protección internacional o asilo, están repletos de obstáculos; el acceso al mundo laboral está asociado con frecuencia a trabajos informales y precarios debido precisamente a su situación irregular; el empadronamiento, que es la puerta a derechos básicos como la salud o la educación y la forma más habitual para demostrar el arraigo social, y el acceso a los servicios sociales o abrir una cuenta corriente son en teoría derechos reconocidos que, sin embargo, con frecuencia las personas en situación irregular no tienen la posibilidad ejercerlos en la práctica; y la participación es casi una quimera, puesto que las personas migradas tienen limitados los derechos políticos, ya que la residencia no está legalizada y les falta la nacionalidad.

Ante la situación cada vez más precaria y vulnerable de la población migrada, que les ubica al margen del sistema, desde la Taula del Tercer Sector Social reclaman al Estado que garantice vías seguras para la migración, que facilite al acceso al mercado laboral en plenas garantías, que conceda la autorización de trabajo a los jóvenes migrantes sin referentes familiares ex tutelados que llegan en la mayoría de edad y que garantice la plena inclusión del sector doméstico en el régimen general de protección social de la Seguridad Social.

Además, también lanzan una serie de peticiones de ámbito autonómico, que pasan por garantizar la atención en los servicios sociales a las personas migradas y el acceso a las prestaciones sociales básicas, asegurar una mejor protección a los menores extranjeros sin referentes e introducir cambios en las prestaciones de emergencia social para que las personas en situación irregular no queden excluidas de ayudas como la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital. Por último, el informe pone de relieve que es necesario que las administraciones locales garanticen el empadronamiento de todo aquel que viva en el municipio, pese a que no pueda acreditar título de propiedad o contrato de alquiler.