La extraña alianza: prisas antiocupas en el Parlament de Cataluña

La inminencia de las elecciones municipales empieza a notarse en la vida parlamentaria. Al fin y al cabo, un buen grupo de diputados es o bien alcalde o bien puede llegar a serlo. De ahí que se haga necesario agitar el avispero y la baja actividad legislativa de la Generalitat. Así las cosas, esta mañana, unos extraños compañeros de viaje, Junts, PSC y Ciudadanos, se han aliado para poner en la diana el fenómeno de la ocupación y obligar al Govern a moverse. El Parlament ha acordado aprobar un paquete de medidas urgentes para actuar contra una ocupación ilegal de viviendas en caso de falta de respuesta por parte de la propiedad, como los bancos, por ejemplo. Para ello se modificará la ley de 2008 del derecho a la vivienda y se hará a través de lectura única. Faltará por ver si Cataluña tiene competencias al respecto.

La norma expone la necesidad de establecer los mecanismos que permitan a los ayuntamientos y a las comunidades de vecinos actuar para “restablecer la convivencia, siempre y cuando la propiedad sea una persona jurídica considerada gran tenedor ante la inacción de la propiedad ante estas situaciones conflictivas”.

Junts, impulsor de la modificación, asegura que “la problemática se produce cuando la titularidad de la propiedad pertenece a personas jurídicas que son grandes propietarias y que se desentienden de sus obligaciones con el inmueble”. Además, la proposición de ley expone que “tanto si la acción de desalojo ha estado promovida por el ayuntamiento como si lo ha estado por la comunidad de propietarios, el ayuntamiento estará facultado a adquirir temporalmente el uso de la vivienda para destinarla a políticas públicas de vivienda”.

Es decir, la modificación de la ley, de aprobarse, permitirá a los ayuntamientos y las comunidades de vecinos a denunciar las ocupaciones que alteran la convivencia. En estos momentos solo los propietarios pueden denunciar estas situaciones, y existe, según Junts, una inacción por parte de algunos de ellos cuando sus bienes son ocupados. Así, podrán enviar un requerimiento a los propietarios, siempre que sean grandes tenedores, es decir, con un mínimo de diez inmuebles, para que acrediten en 30 díasas si existe un título habilitante de vivienda o si se ha empezado el desalojo. Si no se da cumplimiento, los ayuntamientos podrán proceder a la desocupación y destinar el espacio, de manera temporal, a vivienda social.

La propuesta de modificación ha salido adelante con 70 votos a favor (JxCat, PSC, PP y Cs), 60 en contra (ERC, En Comú Podem, CUP y Vox) y ninguna abstención. La encargada de defender la iniciativa por parte de Junts ha sido, precisamente, la diputada y alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, que ha alertado de que no todas las ocupaciones afectan la convivencia, pero que es “una problemática que se da por todo el país” y hace que “la paz social se degrade en muchos barrios y municipios” de Cataluña. “Hacen la vida imposible a sus vecinos”, ha insistido. Por eso Madrenas ha defendido que hay que encontrar unas “herramientas” que hoy no existen. Plantean un triple objetivo: “El restablecimiento de la convivencia, la protección social y el cambio de percepción de la ciudadanía sobre que la ley protege lo que provoca el conflicto y no quien lo sufre”. Por su parte, Anna Grau, de Ciudadanos, ha defendido la necesidad de “debatir la gravedad del fenómeno de la ocupación” y ha lamentado que “hace mucho tiempo que algunos luchamos en solitario”.

En representación del PSC, Eva Candela ha reconocido que la lectura única no es el mejor trámite parlamentario pero ha reprochado al Govern que no haría falta recurrir a ella si el Ejecutivo hubiera sido más diligente a la hora de ofrecer herramientas contra la ocupación ilegal.

En representación de Ciudadanos, Anna Grau ha avisado a JxCat de que presentarán enmiendas para que la reforma incluya el contenido de su propuesta retirada.

Susana Segovia (En Comú Podem) ha acusado a JxCat de electoralismo -”no entendemos esta urgencia salvo que tenga que ver con las próximas elecciones municipales”- y la CUP ha propuesto como solución al problema que se prohíba a los grandes tenedores operar en el mercado inmobiliario.

Vox y el PP también se han opuesto a la tramitación: los primeros por considerar que al texto le falta “rigor conceptual” y los segundos porque la medida les parece “insuficiente”.

Finalmente, Pau Morales, de ERC, ha criticado que se “aborde un problema complejo de forma simplista” y ha lanzado un ataque a sus antiguos socios de Govern: “Se ve que la oposición no les sienta bien. En un año han pasado de aprobar leyes que ampliaban derechos (en referencia a la ley 1/2022 de medidas de emergencia en materia de vivienda) a venir aquí con el aplauso de la derecha españolista”.