Colau busca la complicidad de la Generalitat para retirar licencias turísticas

El anuncio de que un juez, gracias a un resquicio legal, permitía la transformación de todo un edificio, 120 viviendas, en apartamentos turísticos, supuso un torpedo a la política de vivienda del gobierno municipal de Ada Colau. Al fin y al cabo, hace ocho años que no se conceden nuevas licencias de este tipo. El Ayuntamiento, apenas 24 horas más tarde, ha pasado la patata caliente a la Generalitat, que tiene la competencia, con la petición expresa de revocar las 120 licencias.

La teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, explicó que «en breve» la Generalitat y el consistorio se reunirán para debatir sobre la revocación de licencias turísticas. Sanz señaló que ella misma fue la encargada de realizar la petición al Govern tras conocerse el mencionado caso del bloque de la calle de Tarragona. En una entrevista en RAC1, la responsable de Urbanismo del consistorio confirmó que el gobierno catalán -que es quien tiene las competencias- ha mostrado el «compromiso para llevar a cabo el encuentro».

Sanz aseguró que el Ayuntamiento y la Generalitat ya pactaron hace un tiempo incorporar una modificación a la ley para poder retirar licencias y explica que, cuando la norma llegó al Parlament de Cataluña, Junts tumbó esta posibilidad.

Janet Sanz también defendió que «la ciudad pueda decidir» cuántos pisos turísticos debe tener y critica que las licencias turísticas «sean de por vida». «Hemos normalizado minihoteles en edificios donde vive gente», lamentó. Ahora bien, cree que el recurso de la expropiación debería ser el último y reclama que las revocaciones no supongan un «gasto millonario» para el erario público.

La responsable de Urbanismo también ha asegurado que el consistorio está comprobando si puede haber más casos de propietarios que aprovecharon la brecha jurídica de la suspensión del Peuat para pedir licencias, tal y como hizo el propietario del blog del Eixample. Pero cree que «si fuera algo muy bestia ya tendríamos conocimiento».

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló en 2019 el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), que regula las habitaciones turísticas, el propietario «aprovechó el momento» para solicitar las licencias, explicó Sanz.

«En aquel momento la sentencia no era firme porque se había recurrido, pero el juez que ha valorado esta admisión o no admisión ha considerado que en ese momento el Peuat no tenía eficacia y, por lo tanto, teníamos que admitir estas licencias», detalló. Por ello. lamentó que el juez no ha dado al Ayuntamiento «capacidad ni de recurso, interpretando, forzando» a que tenía que admitir estas licencias, que no comparte y que considera que no se ha hecho de manera correcta porque el Peuat todavía tenía eficacia.

«Lamentamos mucho esta situación y haremos todo lo posible. No tiramos la toalla. Estamos analizando jurídicamente qué más podemos hacer, pero también exigimos los cambios normativos que nos habiliten para actuar lo más rápido posible», ha dicho.

Además, están analizado «todas las rendijas jurídicas» para comprobar si estas licencias cumplen todos los requisitos urbanísticos y legales para abrir la actividad.

Tarragona 84 era hasta mediados de 2022 una finca en la que, con las rotaciones habituales del mercado inmobiliario, vivían unas 120 familias en régimen de alquiler. De ellas, 20 tenían y tienen aún contratos de renta antigua. Este es un grupo formado, sobre todo, por gente muy mayor. El resto tenían (y tienen aún los que aún siguen ahí) contratos temporales. De hecho, la empresa no decidió iniciar la reconversión del edificio en un gran negocio turístico hasta finales de 2022.