La política de cesiones al independentismo ha dado un giro en el último año. Tradicionalmente el Congreso de los Diputados ha sido escenario de intensos chantajes de los partidos independentistas, ERC y Junts, a Pedro Sánchez a cambio de investirlo. Para ejemplo, la aprobación de los indultos a los líderes del procés, la ley de amnistía, la eliminación del delito de sedición o la reciente condonación del 22% de la deuda del FLA a Cataluña. Sin embargo, en el último año el papel del PSC ha emergido como un nuevo motor de presión para conseguir cesiones importantes a favor de Cataluña.

Los acuerdos ya no solo se logran en Madrid, sino también y, últimamente sobre todo, en el Parlament de Cataluña, donde ERC ha encontrado una vía eficaz para asegurar que las promesas del Gobierno se materialicen en beneficios tangibles para el autogobierno catalán. En verano de 2024, Salvador Illa era investido presidente de la Generalitat con los votos de ERC y de los Comunes. La investidura no le saldría gratis, pues los republicanos pusieron una serie de condiciones al ver una oportunidad de oro de sacar una tajada que, con Sánchez, tal vez no les resultaba tan fácil. A partir de ahora sería el propio gobierno del PSC quien negociaría con el Estado las cesiones para Cataluña. A cambio de ello, se investía a Salvador Illa.

De este modo, en las últimas dos semanas se han celebrado cuatro reuniones entre el Estado y la Generalitat en las que se ha pretendido concretar estas carpetas estipuladas en los pactos de investidura entre ERC e Illa para que el Ejecutivo de Sánchez cediera ante una Cataluña con ERC gobernando en la sombra: la comisión de infraestructuras, la comisión de transferencias, la comisión bilateral Estado-Generalitat y la comisión de asuntos económicos y fiscales.

Cesiones económicas

Entre los acuerdos más relevantes, destaca el traspaso de competencias fiscales a la Generalitat, como la gestión del Impuesto de Matriculación (IEDMT), que hasta ahora recaía en el Gobierno central. Esta medida no solo representa un nuevo avance en la descentralización de las competencias, sino que también otorga aCataluña más poder en la gestión de los recursos fiscales, algo que podría sentar un precedente peligroso para otras comunidades autónomas. Además, se presentó la medida como una prueba piloto de cara a que Cataluña acabe recaudando, ya en 2026, el IRPF con independencia de la Hacienda Tributaria Española. Si la Hacienda catalana gestiona bien el Impuesto de matriculaciones, significará, dicen, que puede gestionar el IRPF. Para ello, se anunció la ampliación del cuerpo de la Agencia Tributaria de Cataluña sumando 102 trabajadores más, así como ampliando los puntos de atención al ciudadano, tanto presenciales como telefónicos, para que, en palabras de la consejera de Economía, «la Agencia Tributaria de Cataluña gane en músculo, pues es una realidad que, a día de hoy, no puede funcionar con plena autonomía». Esto es solo el inicio para conseguir un modelo de financiación singular para Cataluña, el cual ya se está estudiando.

También en materia económica, la creación de un consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat para acelerar proyectos infraestructurales es otra de las concesiones que ha recibido Cataluña. Sin embargo, esta medida es una respuesta directa a las demandas de la Generalitat para mejorar la ejecución de inversiones, que históricamente se han quedado a medias. Al transferir más recursos y poder a la administración autonómica, el Gobierno de Sánchez parece dar por válida la acusación de que el Estado ha fallado en el cumplimiento de sus compromisos con Cataluña, lo que refuerza la narrativa independentista.

Seguridad e infraestructuras

La cuestión de la seguridad también ha sido un terreno fértil para las cesiones. La promesa de financiar la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta alcanzar los 25.000 efectivos en 2030 puede verse como un reconocimiento implícito de la autonomía de la policía catalana. Además, que asuman aeropuertos y puertos contribuye a reforzar su capacidad de control en ámbitos estratégicos.

Otro de los triunfos del separatismo ha sido el acuerdo sobre la gestión de Rodalies, donde la Generalitat asumirá gradualmente la administración de las líneas de trenes de cercanías, comenzando por la línea R1, la del Maresme, para 2026. Además, se está trabajando en la constitución de la nueva empresa que gestionará el servicio y que estará participada, mayoritariamente, por la Generalitat de Cataluña. En marzo se tendrán listos los estatutos.