El Govern de la Generalitat ha presentado este lunes los fundamentos de un nuevo modelo de financiación para Cataluña que, según el Govern, supondría un “cambio de paradigma” respecto al sistema actual. La propuesta contempla que la Generalitat recaude directamente todos los impuestos generados en su territorio y los gestione desde una Hacienda propia. A pesar de que el plan todavía no se traduce en cifras concretas (lo hará previsiblemente a finales de 2025) el Ejecutivo catalán ha detallado los principios y la arquitectura general del modelo en una rueda de prensa que han dado Albert Dalmau, conseller de Presidencia, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, tras la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat. “Ambas administraciones nos comprometemos a trabajar para impulsar la Hacienda catalana y los cambios legislativos para que pueda gestionar el IRPF y otros impuestos”, ha expresado Torres.

El núcleo de la propuesta del Govern es revertir el funcionamiento del modelo actual. En lugar de que el Estado central recaude los impuestos y después transfiera recursos a las comunidades, sería la Generalitat quien ingresaría y agruparía todos los tributos en una “cesta de impuestos” y, en la propuesta de máximos, decidiera qué le devuelve al Estado. La recaudación la asumiría la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que actuaría como una Hacienda propia catalana. Sin embargo, los tipos impositivos de los impuestos estatales seguirán dependiendo del Estado. La Generalitat únicamente podrá recaudar. Además, el modelo será generalizable para que el resto de autonomías que así lo quieran puedan adoptarlo. En palabras de Dalmau, “se pasa de un modelo basado en el gasto a un modelo basado en los ingresos”. De este modo, Cataluña no saldrá propiamente del régimen común.

Desde esa cesta, se pagarían tres grandes bloques: los gastos del Estado en Cataluña (infraestructuras, seguridad, justicia…), las competencias que ya gestionan todas las autonomías y, por lo tanto, también la Generalitat (sanidad o educación) y una aportación solidaria al conjunto del Estado. Esta última se haría respetando el principio de ordinalidad: es decir, garantizando que Cataluña no quede en peor posición relativa tras la redistribución.

Además, el modelo reconoce que el Estado seguiría financiando las llamadas “competencias no homogéneas” que solo tiene Cataluña, como los Mossos d’Esquadra o el sistema penitenciario. Es decir, después de que Cataluña le transfiera al Estado un determinado monto, el Estado usaría ese monto tanto para pagar sus servicios en Cataluña como para financiar las competencias singulares de Cataluña (prisiones, Mossos d’Esquadra, etc).

Se deberá definir qué tributos y qué porcentaje de estos tributos se queda cada una de las dos Administraciones, pues el acuerdo todavía no lo contempla.

Principios: responsabilidad, solidaridad y objetividad

El Govern defiende que el sistema se sustenta en tres principios fundamentales. Primero, la responsabilidad fiscal, que vincula el gasto público a la recaudación efectiva. Segundo, la solidaridad sin penalización, con un diseño que no castigue a los territorios con mayor capacidad fiscal. Y tercero, la aplicación de criterios técnicos objetivos y verificables en el cálculo de aportaciones y transferencias.

Sin embargo, la Generalitat reconoce que aún no está técnicamente preparada para asumir toda la recaudación. Fuentes del Departamento de Economía ha admitido que la ATC no puede gestionar, por ejemplo, el IRPF de forma inmediata, ya que no dispone de una infraestructura tecnológica plenamente operativa ni suficientes funcionarios. Sin embargo, ya se está trabajando desde hace meses en la ampliación de la plantilla de la ATC para dotarla de más capacidad. Por eso, el despliegue sería progresivo y se culminaría tras una reforma legislativa pactada, que incluye la modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y otras dos leyes relacionadas.

¿Modelo singular o generalizable?

Pese a presentarse como una propuesta “singular”, el Govern ha aclarado que el modelo podría extenderse a otras comunidades si así lo quisieran. Es decir, no se trata de un sistema foral cerrado, sino de un esquema que podría implantarse dentro del régimen común mediante reformas legislativas consensuadas en el Congreso. En palabras de Ángel Víctor Torres, "es voluntad del Gobierno poder llevar al Consejo de Ministros la reforma legislativa correspondiente”.

El Ejecutivo catalán insiste en que no se trata de recentralizar competencias, sino de devolver al territorio la gestión directa de los recursos que genera. La nueva ley debería estar aprobada, según el calendario previsto, antes del 31 de diciembre de 2025.

Junts rechaza la totalidad del acuerdo: “No hay ninguna singularidad”

Pese al anuncio, Junts ha cerrado la puerta al modelo, al considerar que no supone ningún avance real hacia la "soberanía fiscal". Según Toni Castellà, la propuesta solo contempla que “los funcionarios de la Generalitat recauden, pero será el Estado quien siga decidiendo cuánto hay que pagar”. Para el partido, la propuesta no garantiza más suficiencia financiera ni mayor capacidad normativa.

“No hay ninguna ley específica para Cataluña. Solo es una reforma de la LOFCA donde caben todos. No hay singularidad”, ha reprochado Castellà. Junts defiende como única vía válida la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, como establece, recuerda, el pacto firmado con el PSOE en Bruselas. “Queremos un concierto económico como el del País Vasco y Navarra”, ha sentenciado el diputado.

ERC desconfía

Por su parte, ERC ha mostrado también dudas sobre el acuerdo alcanzado. Su portavoz, Isaac Albert, exigió que se respete el principio de ordinalidad, clave para revertir el déficit fiscal catalán, y lamentó que este solo aparezca en el preámbulo del acuerdo: «Es innegociable», ha afirmado.

Aunque ha celebrado que ambos ejecutivos asuman el pacto de investidura, Albert ha pedido «menos escenificaciones y más concreciones». Según él, el gobierno español avanza «arrastrando los pies» y ha advertido que si no acelera el nuevo modelo de financiación, ERC se planteará si apoya otras medidas de los socialistas, tanto en Madrid como en Cataluña, o no.