Economía niega al PP el expediente a empresas vinculadas a familiares de Puig

La Conselleria de Economía ha rechazado entregar a la diputada autonómica del PP Eva Ortiz el expediente abierto a empresas vinculadas a familiares del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la denuncia presentada por À Punt por posible concertación de precios. Así consta en la repuesta ofrecida por el subsecretario de la Conselleria, Natxo Costa, a Ortiz, y que esta a dado a conocer tras la Junta de Síndics de Les Corts, al tiempo que ha anunciado que ya ha presentado un recurso contencioso contra esta resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En el documento, la Conselleria reconoce que ha incoado un expediente sancionador contra las mercantiles Kriol Productions, Canal Maestrat, Visualiza, y Comunicacions dels Ports por supuestas conductas prohibidas en la ley de Defensa de la competencia, y que este está en fase de instrucción.

No obstante, señala que la normativa no permite a las autoridades responsables dar traslado de las actuaciones pues se pretende “asegurar y no poner en riesgo los derechos de defensa de las partes interesadas” y “los legítimos derechos de terceros al hecho de que no se revele información sensible”. Además, también se busca “una eficaz y diligente tramitación de los expedientes por parte de las autoridades competentes”, según la resolución remitida a la diputada.

Ortiz, quien ha recordado que pidió copia de esos expedientes en enero, ha criticado que se le niegue la información para proteger a los denunciados, y ha manifestado que, según la jurisprudencia del TSJCV, a una diputada no se le puede negar el derecho a tener documentación y ejercer su función de control.

La diputada ha asegurado que ya ha presentado un recurso contencioso, y ha advertido de que seguirá pidiendo aquella documentación que entienda que le hace falta para el desarrollo óptimo de la labor de oposición."Si está todo bien, esta no es la mejor imagen -para la Generalitat- y si está mal, el presidente debería ser el más interesado en saber qué dinero ha dado el gobierno bajo su tutela", ha destacado.

En el escrito, el subsecretario de la Conselleria asegura que el derecho de los diputados a recopilar documentación administrativa “no tiene un carácter absoluto o incondicionado”, y señala que la denegación de esta “no supone, por sí misma, la vulneración de tal derecho”.

Afirma que en este caso, los órganos que asumen el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de Defensa de la Competencia han de velar “por el respeto a los derechos constitucionalmente protegidos de las partes interesadas y por que no se pongan en riesgo o vulneren los derechos de defensa”.

Asimismo, indica que la citada ley contempla la posibilidad de que determinada documentación aportada se declare confidencial, y establece que quienes tomen parte en la tramitación de expedientes o los conozcan por profesión, por cargo o por ser parte deberán guardar secreto de su contenido.

Además, considera que dar traslado del expediente administrativo que se está instruyendo en estos momentos supondría un riesgo para la correcta y eficaz aplicación del ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia.

Por su parte, el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha defendido el derecho de todos los diputados a pedir documentación, pero ha considerado “delicado” y “dudoso” que un organismo que está llevando a cabo una investigación deba entregar información a mitad investigación.