El fiscal pide ahora investigar a Camps por falso testimonio en Gürtel

La fiscal ha pedido en el juicio por supuestas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel para la visita del papa a Valencia en 2006 que el tribunal ordene investigar por falso testimonio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por su declaración como testigo en esta vista.

Tras comunicar sus conclusiones definitivas para los veintidós acusados la fiscal anticorrupción, Concepción Nicolás ha solicitado este martes que la Sala "deduzca falso testimonio contra Francisco Camps".

Igualmente, ha reclamado que se proceda a investigar por posible falso testimonio en este juicio a otros dos testigos, César Tomás Martín Morales, exjefe de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), y Victoriano Llanes, exjefe de los Servicios Jurídicos de Radiotelevisión Valenciana.

La fiscal ha recordado que "fueron debidamente advertidos cuando se les tomó juramento o promesa de decir verdad y faltaron palmariamente a la misma en hechos que pueden ser claramente constatables".

Francisco Camps negó en su declaración testifical en este juicio que hubiera ordenado adjudicaciones a la trama corrupta y aseguró que con su responsable en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes, no iría "ni a la vuelta de la esquina".

La Audiencia Nacional ha reanudado con las conclusiones definitivas el juicio de los veintidós acusados de esta pieza del caso de corrupción relacionado con el PP, seguida por supuestas adjudicaciones irregulares al entramado liderado por Francisco Correa por la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de las Familias.

Según la Fiscalía Anticorrupción, tras asumir la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la señal de la retransmisión de la visita del papa el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara un montaje de pantallas y sonido en las calles de Valencia por “un precio desorbitado” de más de siete millones de euros.

La Fiscalía mantiene que el entonces director general de RTVV, el acusado Pedro García Gimeno, vulnerando las normas de contratación pública llevó a cabo actuaciones para dicha adjudicación por la que se repartió más de tres millones de euros con los miembros de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo; Álvaro Pérez, el Bigotes, y el también acusado Ramón Blanco Balín, asesor del grupo.

La fiscal ha rebajado su petición de pena para once acusados que habían pactado confesar los hechos y algunos de los cuales han devuelto ya diversas cantidades de dinero.

En concreto el considerado número 3 de la trama Gürtel y máximo responsable en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes, -ya en la cárcel cumpliendo condena por otras piezas del caso- para quien ha solicitado diez años y cuatro meses de prisión, cuando en sus conclusiones provisionales la Fiscalía reclamaba 37 años y tres meses.

Para José Ramón Blanco Balín, que antes se enfrentaba a una petición de 18 años de cárcel, ha pedido un año y siete meses.

La fiscal ha solicitado siete años y dos meses de prisión para Pedro García Gimeno, cuando antes reclamaba 40 años, la máxima petición de pena.

La representante del Ministerio Público ha aclarado que la rebaja respecto a Pedro García Gimeno queda supeditada a que confiese todos los hechos en su turno de última palabra tal como ha manifestado en un escrito que ha presentado al tribunal.

Igualmente ha rebajado su petición de pena para tres exdirectivos de RTVV que acordaron con la Fiscalía confesar los hechos, para cada uno de los cuales pide dos años de prisión cuando antes reclamaba entre diez y once, y para cinco empresarios, para los que reclama entre ocho meses y cuatro años de prisión -antes entre 10 y 15 años-.

La fiscal ha mantenido sus peticiones de penas para los acusados que no han pactado con la Fiscalía, entre ellos Francisco Correa y Pablo Crespo, ya en la cárcel cumpliendo condenas por otras piezas de Gürtel, para quienes ha reclamado 38 y 37 años de prisión, respectivamente.

Asimismo para cinco exdirectivos de RTVV y dos empresarios para los que pide entre diez y 29 años de prisión, en concreto esta última pena para el administrador de Teconsa, José Luis Martínez Parra.

La fiscal ha retirado la acusación para otras dos empresarias al no haber quedado acreditada su participación en los hechos.

En este juicio también declaró como acusado antes de que falleciera por coronavirus el expresidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la Policía Juan Cotino, para quien la Fiscalía pedía en sus conclusiones provisionales once años de prisión y que no se encontraba entre los acusados que pactaron.