Tribunales

La Generalitat pagó 17.000 euros por una pericial que a Camps le costó 3.000

La defensa del expresidente asegura que la Abogacía de la Generalitat no puede pedir un dictamen a unos abogados y desde Presidencia afirman que la Audiencia lo sugirió así

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps (dcha), conversa con su abogado Pablo Delgado, en una imagen de archivo
El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps (dcha), conversa con su abogado Pablo Delgado, en una imagen de archivolarazon

La defensa del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa Valmor, asegura que la Abogacía de la Generalitat encargó al despacho de abogados Gómez, Acebo y Pombo un informe pericial sobre derecho extranjero y concretamente sobre la «vinculación y obligatoriedad de las obligaciones asumidas por la Generalitat Valenciana en la operación Valmor», y que estaban regidas por el derecho anglosajón.

Por este informe, según consta en el portal de Transparencia, la Generalitat pagó 14.000 euros, más 2.940 de IVA, es decir, una cifra total de 16.940 euros.

Por un informe pericial similar realizado por un profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Politécnica de Valencia, el expresidente Camps pagó alrededor de 3.000 euros más IVA, es decir, cinco veces menos.

Pero la cosa no queda ahí ya que según asegura la defensa de Camps, la Abogacía de la Generalitat es un órgano de asesoramiento jurídico, por lo que no puede pedir un dictamen a un despacho de abogados. En todo caso, y siempre según la defensa letrada, debe ser la juez quien se dirija a los tribunales británicos para pedir asesoramiento.

Además, siempre según las mismas fuentes, el órgano que debería haber pedido dicho informe es la Conselleria de Obras Públicas cuya titular entonces era María José Salvador, que fue quien impulsó la acusación que la Abogacía ejerció.

El letrado de la defensa de Camps, Pablo Delgado, explicó a LA RAZÓN que de confirmarse que fue la Dirección General de la Abogacía de la Generalitat la que encargó el informe, podríamos estar ante un caso de prevaricación o desviación de fondos que podría acabar en una denuncia o, al menos, en una reclamación administrativa.

Por su parte , desde Presidencia de la Generalitat explicaron que fue la propia Audiencia de Valencia la que, en el auto con la que se reabre la causa Valmor, sugirió que «la juez de Instrucción debería determinar, de oficio o a instancia de parte, que diligencias debieran practicarse (...) para esclarecer, bien por la vía argumentativa, bien a través de una eventual pericial sobre derecho extranjero...» las obligaciones derivadas del contrato de Valmor. Es esta «sugerencia» de la Audiencia a la instructora la que lleva a la Abogacía a encargar el informe a Gómez-Acebo.