La residencia donde trabajaba el exmarido de Oltra lo despide tras la condena por abusar de una menor

Luis Ramírez, el educador que ha sido condenado a cinco años de prisión por abusar de una menor a la que cuidaba, ha sido despedido del centro de acogida donde trabajaba, concretamente la residencia Niño Jesús, dependiente de la Generalitat Valenciana, aunque de titularidad privada.

Luis Ramírez, exmarido de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, había sido apartado del contacto directo con menores después de que se promulgara la primera sentencia que ya lo declaró culpable, pero que fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia, que obligó a repetir parte del proceso.

Ramírez ejercía desde entonces labores administrativas para estar de este modo “apartado” de los niños.

Fuentes de la defensa del exmarido de Oltra han confirmado a LA RAZÓN, que el centro le ha comunicado su despido después de que la Audiencia volviera a dictar sentencia condenatoria, si bien esta no es firma ya que cabe recurso ante el Tribunal Superior, que con toda seguridad se presentará.

La propia sentencia condenaba también al educador a diez años de inhabilitación para cualquier cargo que conlleve contacto con menores.

La sección segunda de la Audiencia de Valencia hizo pública el pasado día 23 la sentencia en la que condenaba al educador Eduardo Ramírez a cinco años de prisión como responsable de un delito continuado de abuso sexual, con prevalimiento, a una menor de 16 años; y a la citada inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante diez años. Además, le exigía resarcir a la menor con seis mil euros.

El juicio se repitió a principios del mes de febrero después de que el Tribunal Superior obligara a ello ya que se había obviado un informe psicológico en el que se dudaba de la veracidad de la menor. Ahora, el mismo tribunal que lo condenó entonces, vuelve a condenarlo a la misma pena: cinco años de prisión.

Considera probado la sentencia que el educador abusó en varias ocasiones de la menor, nacida en 2002 y que se hallaba tutelada por la Generalitat Valenciana en el Centro de Acogida Niño Jesús, centro donde trabajaba como educador.

Dicha menor, durante determinados periodos de tiempo en el año 2016 y principios del año 2017 y como consecuencia de que llegaba tarde al centro, tenía mal comportamiento o no cumplía con la normativa del mismo, era castigada frecuentemente a dormir en una habitación separada, ubicada en el primer piso de la Residencia y alejada varios metros del “hogar” en que pernoctaban el resto de menores acogidos.

En el periodo referido, en fechas que no se han concretado pero entre dos y diez ocasiones, Eduardo Ramírez, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor cuando esta se hallaba castigada, y le masajeaba la zona del cuello y la espalda para que consiguiera conciliar el sueño y, “una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación”.

Fallos de la Administración

La propia vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha admitido que se debería haber informado a la Fiscalía de menores sobre los supuestos abusos cometidos sobre una menor por parte de un educador del centro, ex marido de la también portavoz del Consell.

Oltra incidió tras conocer la sentencia en la que se reprocha a la Generalitat que no pusiera el caso en conocimiento inmediato de la Fiscalía, que la Conselleria de la que es responsable, siguió el protocolo vigente en aquel momento y se dio atención psicológica a la menor negando por tanto, que no recibiese atención. “Fue derivada al Instituto Espill para darle apoyo psicológico y profesional”.

La responsable de Políticas Inclusivas aseguró que cualquier error que se haya detectado por el tribunal se analizará al detalle para mejorar la actuación de la Administración. “Prueba de esto es que se ordenó la colaboración con la Fiscalía y en septiembre se hizo un nuevo protocolo con la obligación de comunicar a la Fiscalía cualquier sospecha de abusos. Errores y disfunciones que ya he explicado y que volveré a explicar las veces que haga falta”. En este punto ha remarcado que “la no comunicación a la Fiscalía no fue una actuación aceptable”.