La Generalitat consultará al CJC la nulidad del convenio de la Fórmula 1

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha firmado este martes y trasladado al Consell Jurídic Consultiu (CJC) una consulta respecto a la posible nulidad del expediente en el que se tramitó la ejecución de obras para la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 de València.

Según ha indicado Illueca en un comunicado, “catorce años después, la Generalitat continua pagando 7,5 millones de euros anuales por la nefasta gestión de los gobiernos del Partido Popular. Lo estamos pagando desde una Conselleria que ha de atender en el día a día emergencias habitacionales”.

“En total, son más de 38 millones de euros que podríamos estar destinando a políticas de viviendas para las personas más vulnerables”.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, el escrito dirigido al CJC recoge la consulta sobre “la posible nulidad del convenio de colaboración suscrito el 28 de septiembre de 2007 entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través del ente Gestor de la Red de Trasportes y Puertos de la Generalitat Valenciana (GTP), en virtud del cual se anticipó por este ente gestor el pago de las obras e infraestructuras por un total inicialmente previsto de 38.501.827,82 euros”.

Asimismo, se pide opinión sobre la posible nulidad del Decreto 3/2007, que asignaba al ente GTP el desarrollo de todas las actuaciones necesarias para ejecutar las obras que después se recogieron en el convenio de 28-9-2007.

También pregunta sobre qué órganos son los competentes para declarar la nulidad del Convenio y del Decreto 3/2007, en su caso.

Por último, dado que la Generalitat Valenciana no ha sido compensada de las cantidades de dinero que anticipó y que ascienden a más 38 millones y medio de euros, además se solicita que el CJC se pronuncie sobre el modo a través del cual debe exigir la Generalitat al Ayuntamiento de València el reembolso de lo anticipado, tanto si se declara la nulidad del convenio como si no, así como cuándo podría exigirlo.

El pasado mes de mayo, Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, presentó un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento de València en el cual requería al consistorio a recuperar los 43 millones de euros invertidos en las obras del circuito de Fórmula 1, y hacerlo a través de un canon aplicado a los propietarios del sector Grau.

Asimismo, presentó un escrito en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) con el fin que ésta exigiera el pago al Ayuntamiento de València, todo ello en base al convenio de 28 de septiembre de 2007.

El coste de las obras fue prestado por la Generalitat Valenciana, en concreto por el Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos (GTP) que ahora forma parte de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), pero este adelanto presupuestario nunca fue devuelto por parte del Ayuntamiento de València, quien no ha impuesto hasta el día hoy el canon mencionado, indica la Conselleria en su comunicado.

Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, se han detectado una serie de irregularidades que podrían suponer la declaración de nulidad del convenio, dado que el procedimiento llevado a cabo para su firma “no siguió los protocolos establecidos”.

Además, se considera que “por parte de la Generalitat, las personas que firmaron el convenio no tenían competencias para hacerlo. El convenio fue impulsado y firmado por el presidente de la GTP, pero no fue impulsado ni aprobado por el consejo administrativo del mismo organismo, que era quien tenía competencias en la cuestión. Solo aparece la firma del presidente del GTP y del consejero a cargo”.

En el convenio se aprobaron cuestiones relativas a la determinación urbanística de la ciudad, pero no se tramitaron según indica la ley urbanística valenciana, insiste la Conselleria.

“El convenio establecía que la GTP avanzaba el dinero, que debía ser reembolsado por los propietarios tras la tramitación de los procedimientos urbanísticos correspondientes, pero dichos propietarios nunca llegaron a ser notificados de esta obligación ni pudieron hacer alegaciones en su defensa”.

En consecuencia, el convenio abría la puerta a qué fueran los propietarios del sector Grau y no el Ayuntamiento quienes soportaran el coste de las obras, pero no se tramitó simultáneamente la modificación del Plan General ni el Programa de Actuación Integrada, por lo que, “además a día de hoy se desconoce si los tribunales de justicia hubieran aprobado esta fórmula que afecta a terceros que no fueron oídos”.