El Síndic de Greuges suspende al Gobierno valenciano en la gestión de las ayudas a los más vulnerables

La mayoría de las quejas del Síndic de Greuges en 2021 se han concentrado en la “incapacidad de las administraciones para satisfacer en un plazo razonable de tiempo derechos vitales de la ciudadanía, debido a la falta de medios y a la ineficaz gestión de los recursos”. Así lo pone de manifiesto el Informe Anual 2021 del defensor valenciano, en el que se reclama que se cambie el procedimiento de gestión de las grandes ayudas, especialmente las de mayor urgencia: las de la renta valenciana de inclusión y la dependencia.

Asimismo, en el ámbito de la Sanidad, el Informe destaca el colapso que ha soportado la atención primaria y la sensación de abandono sufrida por la población en los casos de necesidad inmediata de contactar con los centros de salud. En este sentido, el Síndic pide que se aborden con urgencia las muchas carencias del sistema de salud pública y de atención primaria, sin menoscabo de la atención especializada y hospitalaria.

Por otra parte, la vulneración de los derechos elementales de los demandantes de vivienda pública y los graves atentados al derecho a la participación política también han provocado numerosas denuncias al Síndic recogidas en el Informe Anual de 2021, que esta mañana ha entregado el defensor autonómico, Ángel Luna, a Les Corts Valencianes. En dicho Informe consta que el pasado año se iniciaron 4.125 nuevas quejas, más otras 20 de oficio, y se han atendido 16.765 consultas ciudadanas.

La nueva Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (en adelante Ley 2/2021), impone que el defensor considere de actuación preferente las «situaciones de riesgo de exclusión o especial vulnerabilidad» descritas en el artículo 19 y en esa dirección se orientan las actuaciones de la institución.

Muchas de las situaciones que se denunciaban en el Informe anual 2020, e incluso en años anteriores, han continuado manifestándose durante 2021. Estos problemas recurrentes ponen de manifiesto la incapacidad de las administraciones para satisfacer derechos básicos de la ciudadanía, con los actuales medios y procedimientos administrativos vigentes.

De igual forma, señala que no puede pasar por alto “!las deficiencias en materia de financiación autonómica” que señalan todos los sectores sociales y políticos de la Comunitat Valenciana. Deficiencias que se vienen arrastrando durante demasiados años y que perjudican de forma significativa la capacidad de actuación de las administraciones autonómicas y locales valencianas, incidiendo, sin duda, en los resultados de su gestión. Sin perjuicio de este atenuante, el Síndic debe cumplir su papel y señalar las más notables carencias en el funcionamiento de las entidades públicas, en orden a contribuir a solucionarlas.

Así pues, en multitud de quejas, las administraciones han aludido a la falta de medios como motivo del retraso en la resolución de los correspondientes procedimientos administrativos de reconocimiento de derechos o prestaciones. A juicio del Síndic, hay que analizar, de manera rigurosa, las posibilidades de actuación que ofrecen los recursos personales disponibles, estableciendo un orden de prioridades y unos mínimos criterios de flexibilidad para su uso, pero esta institución no ha observado que se esté haciendo. De ahí que “no descartamos que el problema no sea tanto la falta generalizada de personal, como el sistema estático y poco eficaz de gestión de los recursos, que no tiene en cuenta el incremento de cargas de gestión que se produce en momentos determinados en algunos servicios y la disminución en otros”, señala el defensor.

Además, tampoco se han resuelto los innumerables problemas que ocasiona el mal funcionamiento de los aplicativos informáticos utilizados en la gestión de los títulos de familia numerosa, de la dependencia y, especialmente, de la renta valenciana de inclusión. “Abordar ya estas carencias es muy urgente”, incide el organismo.