Medio Ambiente
Los agricultores valencianos instarán a la desobediencia si se prohíben las quemas de los restos de poda
Critican que la Conselleria “no ha sabido frenar a tiempo ese desaguisado”
La Unió de Llauradors ha exigido este jueves que se dé una solución inmediata a la “confusión” existente sobre las quemas agrícolas, y ha alertado de que instará a la desobediencia si finalmente se prohíben, porque solo queda lo que resta de mes para deshacerse de los restos de poda en las explotaciones agrarias.
La organización profesional agraria reclama además a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que destituya al o los responsables de su departamento que no alegaron contra la nueva ley estatal de residuos, que “deja en el aire” la posibilidad de quemar, pues en un artículo las prohíbe y en otro las permite.
“Alguien en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha legislado sin conocer la realidad agraria, y algunos en la Conselleria de Transición Ecológica no han sabido frenar a tiempo este desaguisado y por tanto no han defendido convenientemente los intereses de los agricultores valencianos”, destaca la organización agraria en un comunicado.
La Unió explica que hay localidades valencianas que se están acogiendo a esa supuesta prohibición de las quemas de la ley de Residuos y las han prohibido, mientras que otras las están autorizando, y recuerda que, como todos los años, desde el 1 de junio al 16 de octubre ya no se podrá quemar por la normativa autonómica de prevención de incendios, por lo que quedan pocos días para deshacerse de los restos de poda.
En su opinión, “no se puede publicar una normativa y prohibir alguna de las actuaciones contempladas de la noche a la mañana”, por lo que aboga por establecer un periodo de transición, de unos cinco años, en el que se haga un debate participativo para resolver los problemas de las quemas agrícolas donde es imposible triturar en el campo.
La organización afirma que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “echa balones fuera y traslada la problemática” a las comunidades instando a pedir certificados fitosanitarios para poder quemar, algo “impensable” en la Comunitat Valenciana y que supondría “un interminable suplicio burocrático” para los agricultores.
La Unió insiste en que los restos de poda son un subproducto de material vegetal que se gestiona (quema o tritura) en la misma explotación y nunca pueden ser considerados como un residuo, que sí queda sujeto obligatoriamente a su tratamiento posterior en una planta.
“Una vez más se nos trata de imponer una norma emanada desde los despachos de Madrid sin tener en cuenta la realidad del campo, que es muy dispar según comunidades autónomas y cultivos”, lamenta el secretario general de La Unió, Carles Peris, quien defiende que hay que trabajar “con los territorios y no a espaldas de ellos”.
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