La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha elaborado un modelo orientativo de programa de lenguas vehiculares, dirigido a los centros educativos, que ha hecho público en la página web del Servicio de Educación Plurilingüe.

El programa de lenguas vehiculares es un documento que tiene como finalidad concretar la proporción de lenguas vehiculares efectuada en un centro docente, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Dicho programa debe precisar, para cada nivel, qué asignaturas se vehicularán en valenciano, en castellano y en lengua extranjera, partiendo de la lengua base de cada grupo de alumnado y ajustándose, al máximo posible, a los porcentajes de presencia de cada lengua que se establecen en el anexo II de la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula la libertad educativa.

El modelo orientativo indica los cronogramas de tiempo en Educación Infantil dedicados a cada lengua. En Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria la propuesta contempla un ejemplo con las áreas y materias que se podrían vehicular en cada lengua, en centros de ambas zonas de predominio lingüístico valenciano y castellano, así como en grupos con lengua base valenciano o lengua base castellano.

“De hecho, la propuesta hace coincidir la lengua de determinadas áreas y materias tanto en grupos de lengua base valenciano como en grupos de lengua base castellano, con objeto de optimizar la gestión del banco de libros y dar la posibilidad de realizar agrupamientos flexibles entre alumnado de grupos con lengua base diferente”, ha explicado el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez.

En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, también se prevé una propuesta organizativa para los programas de diversificación curricular, teniendo en cuenta que dichos programas puedan cursarse por alumnado de ambas lenguas base a la vez.

La propuesta se pone a disposición de los centros un conjunto de orientaciones para la elaboración y la organización del programa, de carácter abierto, de manera que la distribución final la deberá cerrar cada centro en virtud de su autonomía y recursos.

De esta forma, en el caso de los centros públicos la concreción final corresponderá a los consejos escolares, oído el claustro, mientras que en los centros privados la persona física o jurídica que ejerza su titularidad tiene la competencia para aprobar el programa, oído el consejo escolar.

“En ambos casos, además, la Inspección de Educación llevará a cabo la supervisión para que este programa se ajuste a la proporción establecida en el anexo mencionado”, ha señalado el director general.