La mesa de entidades englobadas Juntes per l’habitatge ha instado al Ayuntamiento de Valencia a detener la "sangría" que en la vivienda residencial están causando los alojamientos turísticos que han proliferado en los últimos años.

La plataforma de entidades sociales y vecinales se suma a las alegaciones que piden que se mantenga la incompatibilidad entre viviendas residenciales y viviendas de alquiler turístico en la modificación del PGOU sobre la regulación del alojamiento hotelero que tramita el Ayuntamiento.

Juntes per l’habitatge exigen, además, la reversión de la viviendas turísticas en edificios residenciales, según han señalado en una nota de prensa.

Esta plataforma compuesta por diferentes entidades sociales, sindicales y vecinales que suscriben este documento, se ha dirigido al Gobierno municipal para alertar de la "necesaria incompatibilidad" de la vivienda residencial y turística en la ciudad de València.

Y ello, "tanto por el problema de convivencia que supone como, principalmente, por la sangría que supone en la oferta de vivienda para vivir", dado que la proliferación de los alojamientos turísticos en viviendas residenciales está "haciendo cada vez más inaccesible un derecho que debería estar garantizado y protegido para el conjunto de la ciudadanía".

De este modo, Juntes per l’habitatge se adhiere a las alegaciones presentadas desde el movimiento vecinal a la modificación del PGOU de València "que eliminaría esta incompatibilidad entre viviendas residenciales y viviendas de uso turístico, y supondría la legalización de más de 4.000 viviendas que deberían recuperar un uso residencial, más si cabe, dada la situación de extrema emergencia habitacional que existe en estos momentos".

Según insiste la plataforma, las viviendas de uso turístico y la vida residencial deben ser incompatibles, por lo que "no se puede permitir que esta situación acabe legalizando y generalizando".

En ese sentido, solicita el cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución Española, por el cual los poderes públicos tienen que promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, adecuada y asequible, regulando los usos de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y proteger el acceso a la vivienda.

También reclama la protección del derecho al acceso a la vivienda "de manera preferente y prioritaria por encima del turismo abusivo y descontrolado".

Otras de sus peticiones son una regulación del alojamiento de temporada o corta estancia "menos permisiva, más limitada, con una regulación más transparente, clara y sencilla, que permita un control real y efectivo de la actividad, que no deje vía libre a las prácticas ilegales", así como "planes sistemáticos de inspección para revertir el uso terciario hotelero de viviendas residenciales".

Según resume, solicitan, "como norma general, la prohibición del alojamiento de corta estancia, y particularmente de las viviendas de uso turístico en edificios de uso residencial, es decir, la prohibición de convertir las viviendas de residencia permanente y habitual, en viviendas de uso turístico, y,, en su caso, que se puedan permitir los usos residenciales en planta baja, pero no las viviendas de uso turístico".