Seis meses después de que una dana arrasase buena parte de la provincia de Valencia y se llevase la vida de 228 personas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, dará su versión de lo ocurrido el pasado 29 de octubre. A día de hoy, no ha hecho comparecencias públicas y ha evitado acudir a comisiones que, como la del Ayuntamiento de Valencia, solicitaron su presencia con el objetivo de analizar las causas de los daños que ocasionó la riada. Incluso ha llegado a esquivar a los medios de comunicación.

La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha emitido este jueves auto en el que le llama a declarar en calidad de testigo. Responde así a la solicitud de la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quien pedía que lo hiciese como imputado. No obstante, la jueza es clara en este punto. «No concurren indicios de delito que justifiquen la atribución de la condición de investigado».

Durante los últimos meses la Generalitat valenciana ha defendido que actuó con diligencia y responsabilidad con los datos que tenía a su disposición, apuntando así directamente a la CHJ, a quien señala por haber dejado de emitir información sobre el caudal del barranco del Poyo entre las 16:13 y las 18:43 horas. Se trata de un periodo de tiempo en el que no se enviaron correos electrónicos de aviso, aunque el SAIH (sistema automático de información hidrológica) sí continuó recabando los datos del caudal.

En respuesta a la defensa de Argüeso, la jueza afirma que los responsables de Emergencias de la Generalitat valenciana debían conocer la existencia del SAIH y cómo acceder a él.

Además, señala que la provincia de Valencia estaba en emergencia por «un gravísimo riesgo de inundación» y hace referencia a un mensaje que envío Argüeso a las 14:44 horas en el que decía «los barrancos están a punto de colapsar». Según la jueza, este wasap «supone un conocimiento claro de que podían producirse desbordamientos, no sólo por la zona de Carlet, sino respecto del barranco del Poyo».

Así, se reafirma en su tesis de que la Generalitat valenciana era la que estaba al mando de la emergencia. «Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición».

Rechaza, por tanto, la responsabilidad penal que la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias pretende atribuir al presidente de la CHJ, «y a prácticamente a todos los cargos, directivos o no, de dicho organismo». Además de a Polo, la jueza tomará declaración a una docena de testigos más.

Se trata del exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset; así como al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez; a la jefa del servicio de Coordinación del 112, Inmaculada Piles; al director general de Emergencias, Alberto Javier Martín Moratilla y a la técnico de comunicación de Emergencias, Aurora Roca. También llama a comparecer al director de la empresa pública SGISE, Raúl Quilez; a la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa María Touris; la comisaria jefa de la de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica que estuvo en el Cecopi; y la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Cristina Sola.

Añade a la lista a varios alcaldes de la «zona cero». Concretamente a las alcaldesas de Paiporta, Maribel Albalat y a la de Catarroja, Lorena Silvent; el alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes.

La Generalitat también ha señalado en algunos de los escritos que ha enviado en respuesta a los requerimientos de la jueza, la responsabilidad de los alcaldes.

En un informe remitido a la jueza, certifica que los ayuntamientos tienen responsabilidades y funciones en las fases de preemergencia, emergencia 1 y 2 de para activar medidas que protejan a la población.