Control total a la SGAE: vigilancia férrea sobre las entidades de gestión de derechos.

El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto-Ley con el que refuerza la vigilancia férrea sobre las entidades de gestión de derechos.

Íñigo Méndez de Vigo dijo ayer al término del Consejo de Ministros que «en los últimos tiempos el funcionamiento de algunas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual han suscitado dudas en cuanto a la transparencia y el tratamiento de los ingresos recaudados en nombre de los titulares de los derechos de autor». La Sociedad General de Autores estaba claramente en el punto de mira. Demasiados escándalos como para no aprovechar una oportunidad como la que se le brindaba al Ejecutivo: la transposición al ordenamiento jurídico español de dos directivas europeas con las que reforzar el control sobre dichas entidades, concretamente la 2014/26/UE sobre gestión colectiva de derechos de autor y afines y de concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Así, para favorecer la transparencia se ha decidido introducir un órgano de control interno que fiscalizará a los de gobierno y representación de las entidades con el objeto de «informar periódicamente a la asamblea general de socios». Además, tendrán que contratar a un «auditor distinto del que se encarga de las cuentas anuales».

Otra de las novedades que introduce el Real Decreto-Ley es que no será necesario instruir un procedimiento sancionador por falta muy grave para poder intervenir temporalmente una entidad de gestión, sino que bastará con un apercibimiento. Para las entidades con una recaudación superior a 100 millones –grupo en el que se incluiría la SGAE, que según la última memoria relativa a 2016 ingresó un total de 239,68 millones de euro– tendrían un plazo de tres meses, que se prolonga hasta un año en el supesto de las de menor recaudación, para adaptar sus estatutos desde la aprobación dela norma.

Compañías privadas de gestión Uno de los puntos que ha creado más debate, a tenor de las declaraciones del presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, es el de la apertura tanto a estados miembros de la UE como a terceros países de la gestión de derechos (antes estaba solo reservada a entidades con establecimiento en España), así como a compañías privadas, con ánimo de lucro y sin la obligación de tener en sus equipos directivos a creadores. Sastrón calificó de «mala noticia» el anuncio porque se está «subastando la cultura española al mejor postor», informa Efe, y añadió que con esta ley España «se va a convertir en un territorio comanche» para que «las agencias extranjeras hagan sus negocios porque va a proteger a quienes vengan a hacerlos aquí». Por su parte, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi) celebró la norma al considerar «necesarias» nuevas reformas en el futuro para garantizar el fortalecimiento de la protección de los derechos de autor y añadió que «las entidades de gestión seguirán desarrollando y ofreciendo a los titulares una gestión integral que va mucho más allá de recaudar y repartir».