La Audiencia Nacional manda a Barcelona el “caso Neymar” tras cuatro años de investigación

La causa por corrupción y estafa en su fichaje por el club culé se juzgará finalmente en la ciudad condal.

El juicio por corrupción entre particulares y estafa en el fichaje de Neymar por el Fútbol Club Barcelona se juzgará finalmente en la Ciudad Condal. La Audiencia Nacional ha decidido in extremis -dos años y medio después de que la Fiscalía formalizase sus acusaciones contra el jugador, el ex presidente culé Sandro Rosell y el propio club azulgrana, entre otros- remitir la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona al constatar que los hechos bajo sospecha se cometieron en la capital catalana. Se repite así lo sucedido con la investigación por fraude fiscal en la contratación del delantero brasileño, que también terminó en los juzgados de Barcelona -como ahora, en contra del criterio de la Fiscalía-, aunque finalmente el “caso Neymar 1” no llegó a juicio, al admitir el Barcelona los dos delitos fiscales en 2011 y 2013 de los que estaba acusado y abonar una multa de 5,5 millones.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal da así la razón a la defensa de Neymar, que instó la declinatoria de jurisdicción, a la que se adhirieron los demás acusados, entre ellos el actual presidente culé Josep Maria Bartomeu, a quien la Fiscalía no imputa ningún delito pero sí el fondo brasileño DIS, que poseía el 40% de los derechos del jugador y que se considera engañado por los contratos supuestamente simulados que firmaron el Barça y el Santos, entre 2011 y 2013, para enmascarar el precio real del traspaso y reducir el porcentaje a pagar a DIS.

¿Por qué toma ahora la decisión la Audiencia Nacional tras cuatro años de investigación? Los magistrados afirman que “hasta este momento procesal ni de oficio ni nadie a instancia de parte había planteado” esa petición y recuerdan que las defensas “solo tienen la posibilidad de impugnar la competencia en el trámite de cuestiones previas” al comienzo del juicio, como efectivamente han hecho. Negarles la oportunidad de hacerlo, subraya la Sala, dejaría “indefensos” a los acusados “al carecer de un trámite idóneo para impugnar” la competencia.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Julio de Diego, el tribunal hace hincapié en que “algunos de los hechos constitutivos del delito de corrupción entre particulares se llevaron a cabo en territorio español (Barcelona”, en concreto el contrato “de préstamo” firmado el 6 de diciembre de 2011 entre el club catalán y el Santos en el que N&N, por el que el Barcelona se aseguraba el fichaje del jugador a cambio del pago de 40 millones de euros a la empresa familiar de los Neymar, N&N, que en caso de romper el acuerdo estaba obligado a abonar a la entidad azulgrana. La batería de contratos elevó a 95 millones el coste real de la contratación, muy por encima de los 57 millones que reconoció el Barça como montante de la operación. Según DIS, con ese acuerdo se impidió que otros clubes entraran en la puja y el traspaso se cerrara, fruto de esa libre competencia, por un cuantía mayor, lo que les causó, se quejan, un perjuicio económico.

La Audiencia concluye, tras examinar las alegaciones de las partes, que los hechos con relevancia penal “fueron cometidos en Barcelona, ciudad donde se desplegaron las estrategias y conductas criminales engañosas que dieron lugar a la comisión de aquellas, lugar desde donde se produjeron los desplazamientos patrimoniales, ciudad donde se tomaron las decisiones encaminadas a tal fin y donde se produjeron los efectos delictivos producto de las conductas mencionadas, así como la finalidad de todo el entramado delictivo”.

La Fiscalía pide dos años de prisión y diez millones de euros de multa para Neymar por corrupción en los negocios, cinco años de cárcel por corrupción y estafa para el ex presidente Rosell (recientemente absuelto de blanqueo por la propia Audiencia Nacional por falta de pruebas) y una multa de 8,4 millones de euros para el club azulgrana como persona jurídica. Aunque la Fiscalía no acusa a Bartomeu, DIS pide para el presidente culé una pena de ocho años de cárcel por ambos delitos.