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Tres magistrados de la Audiencia Nacional juzgarán a Neymar por corrupción entre particulares

El fondo brasileño que poseía el 40% de sus derechos le acusa de estafa continuada, castigada hasta con 6 años de prisión, lo que impide que le juzgue el juez central de lo Penal

Neymar se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional frente a un tribunal integrado por tres magistrados, y no ante el juez central de lo Penal, como estaba previsto, por la supuesta comisión de un delito de corrupción entre particulares en su fichaje por el Barcelona en 2013.

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Neymar se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional frente a un tribunal integrado por tres magistrados, y no ante el juez central de lo Penal, como estaba previsto, por la supuesta comisión de un delito de corrupción entre particulares en su fichaje por el Barcelona en 2013. El fondo brasileño que poseía el 40% de sus derechos federativos -que se siente engañado por el club catalán y el Santos- pidió que se abriera juicio oral contra Neymar por un delito de estafa continuada, castigado con penas de hasta seis años de prisión. Como el juez central de lo Penal sólo juzga delitos con penas de hasta cinco años de cárcel, José María Vázquez Honrrubia ha remitido la causa a la Sala de lo Penal para que lo asigne a la sección correspondiente para su enjuiciamiento, con excepción de la sección cuarta, que al conocer sus magistrados de los recursos durante la instrucción del procedimiento no pueden formar sala para el juicio. Tras la peticiones de condena de la Fiscalía para los procesados, que no superan los cinco años de cárcel, se estableció inicialmente que el asunto fuera juzgado y sentenciado por este magistrado. El Ministerio Público no acusa al actual presidente culé, Josep Maria Bartomeu, pero sí lo hace DIS, que reclama para él -que en el momento del traspaso era vicepresidente económico del club- una pena de cinco años de prisión.

En el banquillo se sentarán, además, el ex presidente del Barcelona Sandro Rosell -en prisión por el supuesto blanqueo de 20 millones de euros de los ingresos de la Federación Brasileña de Fútbol por amistosos de la canarinha-, quien se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel, los padres del jugador, el ex presidente del Santos Odilio Rodriguez y en calidad de personas jurídicas tanto el Fútbol Club Barcelona, que se enfrenta al pago de una multa de 8,4 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, como el propio Santos.

La Sala de lo Penal obligó en septiembre de 2016 al juez José de la Mata a reabrir la causa al advertir indicios de un delito de corrupción entre particulares en los dos contratos firmados entre el Barcelona y la empresa familiar de los Neymar, N&N, en noviembre y diciembre de 2011. En el primero pactaron que Neymar ficharía por el Barcelona cuando quedara libre en julio de 2014 a cambio de 40 millones de euros (y una cláusula de indemnización de igual importe). Y en el segundo, la entidad culé abonó diez millones a la empresa N&N, que la Audiencia identifica como «un pago parcial de la transferencia del jugador».

La Sala hizo hincapié entonces en que tanto el Santos como DIS desconocían el acuerdo lo que, además de infringir la normativa FIFA, alteró el libre mercado de futbolistas, dado que si Neymar fichaba por otro club estaba obligado a pagar al Barça «no sólo los 40 millones, sino los otros diez anticipados». De hecho, el Madrid llegó a ofrecer por el delantero 36 millones de euros, «más del doble» de la oferta blaugrana.

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En cuanto al delito de estafa impropia (que la Fiscalía no imputa a Neymar), la Audiencia aseguró que en 2013, al adelantar el Barça el fichaje, ambos clubes urdieron de forma «consciente» una ristra de contratos para evitar pagar su porcentaje a DIS, con los que cometieron supuestamente ese delito. Por ejemplo, pactaron un amistoso que no se ha celebrado aún y por el que, de no jugarse, el Barça deberá abonar al Santos 4,5 millones de euros. En esas mismas fechas, mayo de 2013, las dos entidades se comprometían a asumir a medias un posible sobrecoste del traspaso (un contrato que el Barcelona no remitió al juzgado cuando la Audiencia le requirió todos los papeles referentes al fichaje y que llegó al instructor por medio de Deloitte, la firma que auditó las cuentas del club). Y, por último, el Barça desembolsó al Santos 7,9 millones por un derecho preferencial sobre tres jugadores de su cantera, ninguno de los cuales ha llegado a vestir de azulgrana. La Audiencia Nacional consideró, al obligar al instructor a procesar a los investigados, que estos contratos estaban «indisolublemente» ligados a la adquisición de los derechos de Neymar y que en realidad encubrieron un sobrecoste del traspaso del que no se abonó el 40 por ciento al fondo brasileño DIS.