Francisco González denuncia una persecución «intolerable» del juez y los fiscales

El expresidente del BBVA, Francisco González, decidió ayer poner nombres y caras a las personas que, según denuncia, han iniciado una campaña de acoso y derribo contra su imagen y su persona: el juez y los fiscales que le juzgan por el «caso Villarejo». En un durísimo comunicado, González mostró su más absoluta «indignación y sorpresa ante la intolerable agresión» que está sufriendo y «por la ligereza y frivolidad de las acusaciones vertidas» sobre su persona, tras el levantamiento del secreto del sumario de la pieza separada número 9 de la causa «Tándem», en la que está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos por los contratos entre la entidad bancaria que presidía y el comisario José Manuel Villarejo, durante 13 años y por importe superior a los 10 millones de euros.

Los fiscales Anticorrupción tienen claro que el expresidente del BBVA ordenó personalmente la contratación de los servicios del excomisario José Villarejo y el pago de los mismos «a sabiendas de su ilicitud» porque sus servicios «incluían el acceso a información reservada que sólo podían obtener prevaliéndose de su condición de policía».

En una nota de seis páginas, el exbanquero, intenta desmontar toda la argumentación presentada en su contra y asegura que, con la documentación hasta ahora conocida, solo se ha demostrado la «absoluta falta de rigor en dichas acusaciones, una ausencia total de pruebas que sustenten acusaciones tan graves y una inexplicable carencia de argumentos jurídicos». Para González, el escrito presentado por la Fiscalía «se basa en simples indicios» y «meras conjeturas», así como en «opiniones y declaraciones de terceros, que están en una posición de defender su propia situación personal»

El expresidente, que tacha de «frívolas» las acusaciones, centra en su ex director de Seguridad, Julio Corrochano, toda la responsabilidad de la contratación de Cenyt, y no hace mención alguna sobre su declaración en la Audiencia Nacional. En ella, aseguró que fue Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, quien invitó a varios directivos del banco –él incluido– a una comida en la sede central policial de Canillas, tras la cual se presentó la denuncia anónima contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, que terminó con su detención por supuesta extorsión continuada.

De este modo, González reconocía implícitamente ante el juez Manuel García Castellón y los fiscales que la reunión se había producido, pero adujo que fue «una comida institucional» y que no recordaba que se hubiera hablado sobre presentar una denuncia contra Ausbanc. «A lo mejor se hizo, pero no era relevante». La Fiscalía defiende que la denuncia contra Pineda y Ausbanc fue redactada por Eduardo Ortega, director de los Servicios Jurídicos del banco, que la habría entregado después a Corrochano para hacérsela llegar a Villarejo, que sería quien la habría presentado ante la UDEF.