Empresarios, autónomos y sindicatos critican la lentitud del Gobierno en su plan económico

El coronavirus ha traído el caos a la sociedad y la economía españolas, pero también ha logrado algo que parecía inalcanzable: el acuerdo casi total entre sindicatos y patronal, que han dejado al margen sus diferencias y presentan un frente común ante esta crisis. La elaboración conjunta de un plan de medidas económicas presentado al Gobierno así lo demuestra. Pero también lo hace las críticas que han lanzado al unísono contra la gestión que ha realizado Pedro Sánchez, al que recriminan que se esté retrasando “innecesariamente” el plan de choque de medidas económicas y fiscales -no será presentado hasta el martes-, además de reclamar que éste sea más ambicioso en un momento crucial para todos los sectores productivos del país. Y estas críticas han llegado pese a que publicaron un comunicado de apoyo al Gobierno, los equipos sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los territorios en la lucha contra el Covid-19. “Apoyar al Ejecutivo en estos momentos no va en contra de que exijamos que se tomen medidas que solucionen los problemas reales de empresas, autónomos y trabajadores”, manifestaron a LA RAZÓN fuentes de la patronal, que censuran al Gobierno la lentitud en la toma de decisiones -no será hasta el martes cuando se apruebe de forma oficial el paquete de medias económicas- y la falta de claridad -sobre todo en cómo puede accederse a estos beneficios económicos y fiscales- en las disposiciones que ya han anunciado.

Tanto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO) exigen medidas urgentes de liquidez para empresarios y autónomos, ante la situación de extrema necesidad que presentan ya muchas pymes. Por ello, piden la aprobación de un fondo extraordinario de liquidez -sin limitaciones- que sirva de soporte tanto a los trabajadores que sufran regulaciones de empleo como para los empresarios y autónomos que se vean obligados a echar el cierre de sus negocios.

La patronal pide además la suspensión total del pago de cotizaciones, el aplazamiento o fraccionamiento tributario automático; una línea de avales públicos que faciliten el crédito a las empresas para evitar su quiebra; el abono inmediato a sus proveedores de las facturas pendientes sin agotar los plazos que fija la ley de morosidad; y la aceleración de las devoluciones tributarias pendientes. En cuanto a las medidas estrictamente laborales -recogidas ya en el acuerdo suscrito entre empresarios y sindicatos-, reclaman la simplificación y agilización de los procedimientos en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con efecto retroactivo y el reconocimiento de causa una fuerza mayor para su presentación.

En el mismo sentido se manifestaron, CC OO y UGT que incidieron en requerir al Ejecutivo que “no caben más demoras. Las medidas deben aprobarse ya para limitar la destrucción de puestos de trabajo y la desaparición de empresas”. Los dos secretarios generales de estas organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, publicaron un vídeo en las redes desde el confinamiento de sus hogares para pedir que se habilite un fondo de recursos que aborde con garantías la protección de las personas afectadas por los ERTE, “aunque estos trabajadores no tengan acumulado el tiempo de cotización suficiente”, y que los que tengan que cuidar a personas dependientes y tengan dificultades para conciliar esta tarea con su actividad profesional ordinaria puedan acceder a una prestación de servicios de atención a la dependencia, y que los que se hayan visto forzados a ausentarse del trabajo para el cuidado de familiares no tengan consecuencias sobre su empleo. “Es una necesidad imperiosa”, imploraron.

Tanto sindicatos como empresarios han trasladado al Gobierno que tras la aplicación de las medidas a corto plazo que frenen el primer impacto inmediato en destrucción de empleo, debe de prepararse un nuevo plan de contingencia más ambicioso que incluya “un plan de reactivación e impulso económico que evite la prolongación de la crisis y sus consecuencias sociales más terribles”.

En similares términos se manifestaron las asociaciones de autónomos -ATA, UPTA, Uatae y Plataforma Pymes-, que reclaman medidas adicionales especiales para este colectivo al que esta crisis sanitaria está golpeando con especial virulencia. Por ello demandan, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario; que se apruebe el acceso a la protección por desempleo para los trabajadores por cuenta propia sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones; que se suspendan los vencimientos de la cotización a la Seguridad Social; que se mantengan los pagos de las administraciones públicas a las pymes proveedoras y contratistas, aunque se suspendan los contratos; que se eleven las exenciones tributarias y se suspendan todos los vencimientos tributarios del segundo trimestre de 2020. El Gobierno tiene ahora la última palabra.