Las autonomías fallan a los autónomos

Más de tres millones de autónomos siguen reclamando medidas económicas directas al Gobierno y que éstas ayudas se generalicen y abarquen a todo el colectivo, uno de los que más peculiaridades tienen en el mercado laboral. Trabajadores autónomos, profesionales mutualistas, societarios, económicamente dependientes, colaboradores, agrarios... Un sinfín de figuras legales que el Ejecutivo parece no haber tenido en cuenta en su totalidad en el real decreto aprobado, por lo que el paragüas del Estado no llegará a todos ellos. Tampoco el de las comunidades autónomas. A pesar de que la mayoría de ellas han aprobado medidas de apoyo a estos trabajadores, éstas tienen un alcance desigual y cuentan con un montante económico limitado. Pocas proponen ayudas directas y se limitan a facilitar avales y sistemas de refinanciación de créditos.

La Comunidad de Madrid ha sido una de las primeras en habilitar un presupuesto adicional para inyectar dinero de forma inmediata y directa a los autónomos. A través del Plan Impulsa pueden solicitarse hasta 3.200 euros, pero lo limitado del presupuesto -cinco millones de euros, que podrían ampliarse según la acogida del plan, confirmó el consejero de Economía madrileño, Manuel Giménez- hace que su alcance sea menor. Tan solo beneficiaría a 1.562 autónomos de un total de 500.000 que ejercen en Madrid. Por ejemplo, Cantabria destina 150 euros semanales para autónomos con un asalariado a su cargo, 225 euros para los que tengan de dos a cinco y 300 euros para los que tengan una plantilla de seis a nueve trabajadores. Pero, al igual que en Madrid, el presupuesto es de 10 millones de euros, y tan solo podrán acogerse 7.000 autónomos de los 41.000 de la región. Otro ejemplo es Cataluña, que destinará para el colectivo de personas físicas siete millones de euros en ayudas a través de una subvención directa, pero apenas llegará a 4.500 trabajadores por cuenta propia de esa comunidad. El pleno del Consell valenciano aprobó ayer un decreto de ayudas directas a los autónomos, de 750 euros en el caso de los que han visto reducida su actividad por la crisis del coronavirus, y de 1.500 euros por el lucro cesante de quienes han tenido que cerrar. Para el plan se movilizarán en torno a 59 millones de euros, la cantidad más alta hasta el momento, pero solo cubrirá a un máximo de 80.000 de los 350.000 autónomos de esta comunidad, siempre que soliciten la cuantía de ayudas más baja.

Estas ayudas, recopiladas por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), son insuficientes para el verdadero esfuerzo que pueden alcanzar los gobiernos autonómicos para contrarrestar los efectos económicos del coronavirus. “La inmensa mayoría de las medidas aprobadas recogen ayudas que el Estado central ya ha puesto en marcha, y simplemente quedan bien en un titular de prensa”, critica Eduardo Abad, presidente de UPTA. “Las comunidades tienen posibilidades reales de cambiar los objetivos de los proyectos que les financia la Unión Europea. Son cientos de millones de euros que pueden ser redirigidos en ayudar a los autónomos. Esa tendría que ser su prioridad, y no otra, en esta crisis extraordinaria, ayudar a los trabajadores y empresarios”.

Para UPTA, las comunidades deberían seguir el ejemplo de Canarias, que ha aprobado una prestación del 30% de la base de cotización para aquellos autónomos que estén en cese de actividad, completando así la otorgada por el Gobierno y garantizando de facto el 100% de la prestación. De esta manera se ofrece una ayuda directa que solo tiene que justificarse con el documento acreditativo del cese de actividad emitido por la mutua de accidentes de trabajo. Para Abad, “esta es la disposición más económica que pueden desarrollar los gobiernos autonómicos y de mayor efectividad. Es de rápida implementación, controlable al 100% y además proporciona directamente recursos económicos a los autónomos que sufren el cierre de sus negocios por imperativo legal; a los que soportan una minoración de ingresos y tienen que cesar temporalmente su actividad, o a quienes siguen con el establecimiento abierto, pero padeciendo una importante caída de su facturación”.

UPTA, al igual que el resto de organizaciones de autónomos (ATA y Uatae), continúan reclamando la suspensión de la presentación de la autoliquidación del IVA recaudado en el primer trimestre de este año -el modelo 303-, así como los modelos 111 de retenciones de los trabajadores; 115 de retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos; y los 130 y 131 pagos fraccionados del IRPF. El cierre total o parcial de sus negocios y la imposibilidad de poder recabar en tiempo y forma libros de cuentas y facturación, hacen prácticamente imposible cumplir con el plazo legal, por lo que se exponen a pagar un recargo de, al menos, el 5% si lo realizan de manera voluntaria, o con una sanción entre el 50% y el 150% del importe de la declaración a pagar, si es por requerimiento de la Agencia Tributaria.

Esta misma semana, los técnicos del Ministerio de Hacienda reclamaron a la Agencia Tributaria que retrase el final de la campaña de la renta, establecido para el 30 de junio, hasta finales de septiembre. Gestha considera que el final de la campaña debería retrasarse ante la situación de confinamiento de la población, especialmente para que las personas mayores puedan acudir “sin riesgo” a las oficinas, según explica en un comunicado. Los técnicos también piden que autorice la reducción del rendimiento anual de los autónomos que cotizan en “módulos” y permita un nuevo plazo para que, de forma extraordinaria, puedan optar a renunciar al régimen de estimación objetiva del IRPF y régimen simplificado de IVA antes del primer pago del 20 de abril.