Los “halcones” del Norte se niegan a la financiación a fondo perdido de Merkel y Macron

Del “Nien" (“No” en alemán) al Nee (“No” en holandés). Después de que Berlín haya cedido en sus posiciones, el principal foco de rechazo a la hora de que el plan de Recuperación Europeo ofrezca transferencias a fondo perdido para los países que más están sufriendo con pandemia del coronavirus, sigue en manos de los sospechosos habituales: Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca -el Gobierno austriaco de Sebastian Kurz ya ha confirmado que dirá “no” a la propuesta-. La reunión de los ministros de Economía y Finanzas ha servido para que los titulares de Francia y Alemania explicaran de primera mano sus homólogos europeos la propuesta desvelada el lunes por Emmanuel Macron y Ángela Merkel y que contempla hasta 500.000 millones de euros en subvenciones no reembolsables. Esta cantidad provendrá de los fondos movilizados a través de deuda mancomunada de los países europeos dentro del nuevo marco presupuestario comunitario 2021-27, aunque se desconoce todavía si esto se sufragará con el aumento de las aportaciones directas de los Estados o con los denominados recursos propios: impuestos “ad-hoc” europeos como la tasa a las transacciones financieras o a las bolsas de plástico.

Pero el grupo antes citado, se sigue negando a cualquier ayuda europea que no esté canalizada a través de préstamos, a pesar de que esto puede incrementar de manera vertiginosa la abultada deuda de países como España e Italia. Roma y Madrid se encuentran razonablemente satisfechas con el paso dado por Berlín y París y consideran que se están dando pasos en la buena dirección. “El documento recoge mucho de lo que nosotros propusimos, no todo pero mucho”, aseguran fuentes diplomáticas españolas. “No estamos hablando de créditos sino de transferencias, un verdadero plan de financiación europeo”, se ha felicitado la vicepresidente económica Nadia Calviño.

Las negociaciones formales empezarán la semana que viene, después de que Bruselas presente su propuesta el próximo día 27. Un documento que, según el portavoz, Eric Namer, no se limitará a ser un “corta y pega” de la propuesta franco-germana, a pesar de que contendrá muchos de sus elementos. Unas palabras difíciles de interpretar ya que ha sido la propia presidenta, Ursula von der Leyen, la que ha retrasado varias veces la presentación de su propuesta, prevista inicialmente el pasado día 6 de este mes, ante el rechazo suscitado en muchas capitales por los borradores previos elaborados por su equipo. Con este movimiento, la política alemana consigue que su iniciativa quede apadrinada por el motor franco-alemán, aunque presenta al Ejecutivo comunitario más como un directorio de París y Berlín que como un motor de liderazgo supranacional en momentos de crisis. De momento, se sabe que el montante final duplicará la propuesta de Macron y Merkel, pero contendrá también un porcentaje de créditos reembolsables y la inversión movilizada con el sector privado a través del apalancamiento de fondos

El documento de la semana que viene tiene que contestar a muchas preguntas, aunque las líneas maestras parecen claras. Quizás como manera de apaciguar a los halcones, el Ejecutivo comunitario ha recordado que las ayudas a fondo perdido estarán sujetas a contrapartidas que aún deben ser concretadas. “Nuestra idea es crear un fuerte vínculo entre inversión y reformas”, ha explicado el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis. En la propuesta franco-alemana presentada ayer, se recalca que el desembolso de las ayudas “se apoyará en un compromiso claro por parte de los Estados miembros de aplicar política económica sanas y un programa de reformas ambicioso”. Bruselas pretende que este tipo de medidas queden alineadas dentro del procedimiento del Semestre Europeo, por el que vigila la política económica de los Estados, y que estos fondos estén destinados a los dos ejes principales establecidos por Bruselas: transición digital y verde.

Según ha explicado también Dombrovskis, la supervisión sobre cómo se gastarán estas partidas podría seguir un esquema similar al fondo de convergencia y competitividad acordado por la zona euro, pero que todavía no se ha puesto en marcha. Se financiarían los proyectos según cumplan las directrices establecidas por el resto de los países europeos y el Ejecutivo comunitario se encargaría de la supervisión. Debido a la excepcionalidad de la crisis, Bruselas ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que supone un bula total a la reducción de déficit público, pero puede pedir a nuestro país el cumplimiento de reformas estructurales, una y otra vez demandadas, como la sostenibilidad de las pensiones, la mejora de los servicios activos de empleo o la transparencia de las licitaciones públicas.

Fuentes diplomáticas españolas, advierten que “el infierno está en los detalles”, pero recuerdan que todos las ayudas europeas, incluidos los fondos regionales, están sujetos a condiciones. Se espera que el nuevo fondo esté disponible a principios de 2021, pero el Ejecutivo comunitario intenta poder adelantar alguna cantidad durante este año. Todo dependerá de las negociaciones de las capitales, que se adivinan arduas.